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MARXISMO HOY Nº
5
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LECCIONES DE CHILE (2) |
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El Gobierno Frei Además, el control asfixiante de la agricultura por los latifundistas condujo a que Chile tiene que importar productos agrícolas para alimentar a su pueblo, a pesar de tener más tierra cultivable percápita que muchos países europeos. La razón no es difícil de entender. Los latifundistas emplean mano de obra barata en vez de maquinaria y no se preocupan ni lo más mínimo de modernizar sus explotaciones. De esta forma, los sueldos de hambre del campesinado chileno son también la causa principal del bajo nivel de productividad de la agricultura chilena. La necesidad urgente de una profunda reforma agraria en Chile ha sido evidente durante décadas. Pero ninguno de los gobiernos "progresistas" de la burguesía fue capaz de abordar el problema seriamente, por las razones anteriormente explicadas. Aunque en las décadas anteriores el proceso de urbanización se había intensificado (52% de población urbana en 1940; 66% en 1960), en vísperas de las elecciones presidenciales de 1964 el campesinado todavía representaba alrededor del 30% de la población activa. La ola de huelgas y el alto grado de conciencia de la clase obrera chilena fueron una advertencia para la burguesía de lo que podría suceder en dichas elecciones. El gobierno Alessandri estaba totalmente desprestigiado. La oligarquía necesitaba una alternativa política capaz de parar el avance de los partidos obreros. Esta alternativa fue la Democracia Cristiana (DC). La Democracia Cristiana Como ejemplo muy claro de la debilidad de la burguesía chilena y de la creciente radicalización de la sociedad, tanto en el campo como en la ciudad, las elecciones de 1964 se redujeron a una pugna entre los democristianos, representados por Frei, y el FRAP, representado por Allende. Ambas partes lucharon bajo la bandera de una reforma radical de la sociedad chilena. Los democristianos, los representantes más hábiles de los intereses de la oligarquía, utilizaron una demagogia muy "izquierdista" para ganar los votos de las masas pequeño-burguesas de la ciudad y, sobre todo, del campo. El campesinado, y la clase media en general, no es una clase homogénea, como lo son la clase obrera o la burguesía. Hay campesinos pobres, campesinos ricos y toda una serie de capas intermedias. En sus capas superiores, los campesinos se acercan a la burguesía, mientras que los campesinos pobres, los "inquilinos" y los "afuerinos", son los aliados naturales del proletariado. Partidos burgueses "liberales" como la Democracia Cristiana tienen su influencia entre las masas de campesinos y la clase media mediante las capas privilegiadas de dicha clase: los abogados, profesores, intelectuales, médicos y, por supuesto, los curas, los que "saben hablar bien", las "fuerzas vivas" de cada pueblo, ante los que el campesino se acostumbra desde pequeño a descubrirse, que a veces son capaces de emplear una verborrea muy radical, incluso "revolucionaria", con el fin de mantener su influencia entre las masas. Se presentan ante los campesinos y pequeños comerciantes como los "amigos del pueblo", los interlocutores entre el pueblo y las autoridades, los defensores de la gente pobre y humilde. Pero una vez elegidos, estos elementos acomodados se ponen inevitablemente al servicio del gran capital de la forma más servil. De hecho, ésta es su verdadera función: la de correa de transmisión entre los monopolistas y los grandes banqueros, por un lado, y las masas de la clase media, por otro. La utilidad de estos explotadores políticos de la clase media por el gran Capital depende de su capacidad para engañar y confundir a los millones de campesinos, pequeños comerciantes y obreros políticamente atrasados, mujeres, etc. La revolución socialista sólo es posible cuando el control asfixiante de los liberales y "democristianos" sobre la clase media y el campesinado se rompe. No obstante, la política totalmente antileninista del Partido "Comunista" de Chile se ha basado desde hace mucho tiempo en la necesidad de una alianza con estos enemigos viscerales del socialismo. Como síntoma claro del fermento social y el descontento de las masas, baste recordar que el lema de la Democracia Cristiana en 1964 era ni más ni menos que "Revolución en libertad". Y efectivamente, las masas depositaron su confianza en Frei, que obtuvo la mayoría absoluta: un 56% de los 2,5 millones de votos. Los resultados de las elecciones al Congreso al año siguiente confirmaron el triunfo de la DC, que pasó de 23 escaños a 82. Por otra parte, los partidos de derechas sufrieron una derrota total. Todas las esperanzas de la mayoría de la población estaban puestas en la "Revolución en libertad": la reforma agraria y la chilenización de la economía. La experiencia del gobierno Frei puso de relieve nuevamente la incapacidad de los liberales burgueses para llevar a cabo las tareas más urgentes de la revolución democrático-burguesa. Bajo Frei, el Estado obtuvo el control de un 51% de las acciones de las grandes compañías norteamericanas de cobre, pero esto en modo alguno eliminó el control sofocante del imperialismo estadounidense sobre la economía chilena. La reforma agraria avanzaba a paso de tortuga. Sus resultados están resumidos en las siguientes palabras: "Desde el punto de vista cuantitativo, la acción del gobierno de la Democracia Cristiana favoreció, en lo que respecta a la distribución de la tierra, a unas 28.000 familias campesinas, que quedaron organizadas en asentamientos o cooperativas de reforma agraria en los 1.300 predios expropiados o destinados a la reforma agraria, y tenían una superficie global de 3,4 millones de hectáreas. Esto representaba el 13% del total de tierras cultivadas en Chile o el 14,5% de las tierras productivas, y los beneficiados constituían entre el 5 y el 10% de las familias campesinas sin tierra o con tierra insuficiente. La propia meta que se había fijado el gobierno demócrata-cristiano para su período de 6 años era dar acceso a la tierra a 100.000 familias campesinas, lo que significa que realizo 1/3 de su programa en este aspecto". (Chile-América nº 25-26-27, p. 26). Otros aspectos del programa de Frei, como la intervención estatal en el sector bancario, quedaron sin cumplir. Las masas de obreros y campesinos habían pasado por la escuela de la DC y comprendieron lo que era: un fraude gigantesco. Lo que querían era una transformación profunda de la sociedad; lo que habían conseguido era la continuación del dominio imperialista y oligárquico bajo una fachada más "democrática". El verdadero papel de la DC, la defensora más fiel de la oligarquía, quedó demostrado en la represión brutal de obreros y campesinos. Entre las víctimas de la mina de El Salvador (el tercer yacimiento cuprífero, con 5.634 trabajadores) y Puerto Montt había más de 20 socialistas, asesinados por las "fuerzas del orden" del gobierno Frei. Fracaso de la Democracia Cristiana Tras la derrota electoral del 64, los dirigentes del Partido "Comunista" plantearon la posibilidad de una colaboración con el gobierno democristiano. Las consecuencias desastrosas que esto hubiera tenido son evidentes. En palabras de A. Sepúlveda: "¿Qué habría sucedido después de la elección presidencial de 1964 si el Partido accede o se orienta a un acuerdo con el partido gobernante? Sólo el sometimiento de la clase obrera a la hegemonía burguesa por un largo período (...) Si ésta [la conducta del PSCh frente a la DC] hubiese sido de colaboración directa, de apoyo crítico o de oposición simplemente legislativa, no habríamos debilitado su base social de sustentación y no se habría abierto paso la alternativa popular". (Socialismo chileno, pp. 26, 27 y 28). El apoyo de la Democracia Cristiana entre las masas iba desapareciendo rápidamente. El descontento y el fermento entre la pequeña burguesía tuvieron su reflejo en el seno del propio partido de Frei, que sufrió una escisión por la izquierda, que constituyó el MAPU y evolucionó hacia una postura radicalizada. En estas condiciones se intenta otra vez reconstruir un frente electoral entre PSCh y PCCh. En la mesa redonda, cuando se lanzó la idea de la Unidad Popular (UP) hubo una discrepancia entre los representantes socialistas y comunistas. Estos últimos veían la cuestión del socialismo en Chile como "una perspectiva indefinida en el tiempo". (Socialismo chileno, p. 31). Mientras Allende, sin duda, creía sinceramente en la posibilidad de la transformación socialista de la sociedad por la vía parlamentaria, para los dirigentes estalinistas la cuestión del socialismo ni siquiera surgía. El resultado fue un documento incoherente y lleno de ambigüedades. "Esta mesa redonda de conversaciones terminaría por llamarse ‘Unidad Popular’. Esta mesa redonda obtuvo como resultado el programa de gobierno de la UP. Programa que en lo esencial recoge los planteamientos contradictorios de dos proyectos político diferentes: el carácter socialista y el carácter democrático-burgués de la revolución chilena, el primero defendido por el PS. Esta contradicción estará presente a lo largo de todo el gobierno de la UP". (45 aniversario del PSCh, p. 16). La Unidad Popular "El triunfo del 4 de Septiembre y la aplicación consecuente del programa desata un proceso revolucionario que coloca a las clases en una situación de tensión histórica: revolución o contrarrevolución. No son sólo las realizaciones del Gobierno Popular, o el programa mismo, a lo que temen las clases dominantes, sino a la dinámica revolucionaria de las masas que pone en peligro doblemente el sistema capitalista. Temen sobre todo a la dirección obrera del proceso, expresada por el predominio socialista-comunista en el Gobierno, en la UP y en el movimiento de masas". "Sin embargo es este último elemento subjetivo -el factor de la dirección- el que no sabe responder a la nueva realidad conformada por la Revolución en marcha, realidad que sobrepasa los objetivos explícitos que la Unidad Popular se traza en 1968". (Socialismo chileno, p. 35). La coalición de la Unidad Popular incluía no sólo al PCCh y al PSCh, sino también a toda una serie de pequeños partidos y grupúsculos pequeño-burgueses (MAPU, API, SDS y Partido Radical) de muy escasa implantación en las masas. Los radicales, en el momento de su entrada en la coalición, eran indudablemente un partido burgués, que más tarde se escinde bajo la presión de las masas. A diferencia del Frente Popular de los años 30, en que el viejo Partido Radical era la fuerza mayoritaria, ahora los radicales de Alberto Baltra eran una secta, mientras que las fuerzas dominantes de la coalición eran los partidos obreros, PSCh y PCCh. No obstante, a los dirigentes estalinistas les interesaba la presencia de los radicales en el gobierno, no por su importancia electoral, sino como una disculpa para no llevar a cabo un programa socialista. "No podemos ir demasiado rápidamente porque esto puede significar una ruptura de la coalición". La misma táctica ha sido empleada por los dirigentes del PC y del PS en Francia, también con el minúsculo partido radical. Contra la Unidad Popular se presentan los dos partidos de la burguesía: el Partido Nacional, de Alessandri, los representantes abiertos de la oligarquía, y la Democracia Cristiana, representada por Tomic, que a la desesperada intentaba recuperar la imagen de partido de "izquierdas", abogando por la "nacionalización total de la industria del cobre" y de los bancos extranjeros y la "aceleración" de la reforma agraria. Pero esta vez las masas no se dejaron engañar por las falsas promesas de los democristianos. Los resultados de las elecciones fueron los siguientes:
Allende ......... 1.075.616 (36,3%) El colapso abismal del voto de la DC demuestra claramente el proceso de polarización entre las clases en la sociedad chilena. De hecho, los democristianos ya habían perdido su mayoría absoluta en las elecciones al Congreso de marzo de 1969. De un total de 150 escaños en el Congreso y 50 en el Senado, hubo los siguientes resultados (ver cuadro 1, los resultados de las elecciones de 1965 se dan entre paréntesis). El resultado de las elecciones de 1970 significaron que la Unidad Popular había ganado, pero sin la mayoría absoluta. Esto fue utilizado por la derecha para imponer condiciones a Allende antes de permitirle formar gobierno. Los dirigentes de la Unidad Popular tenían dos alternativas: o bien rechazar el chantaje de la burguesía, denunciar sus sucios manejos para impedir la voluntad popular y organizar movilizaciones masivas a lo largo y ancho del país, haciendo un llamamiento a las masas, o bien claudicar ante las presiones y aceptar las condiciones impuestas. Muchos militantes socialistas estaban indignados por esta maniobra de la burguesía. E indudablemente la indignación de las masas hubiera sido todavía mayor si los dirigentes de la UP hubiesen organizado una campaña de movilizaciones y explicaciones. Ya en julio de 1970 la CUT amenazaba con una huelga general. En aquellos momentos, la clase obrera se había convertido en una mayoría decisiva de la sociedad: el 75% de la población activa eran asalariados, fundamentalmente urbanos (en las industrias y en los servicios), menos del 25% se dedicaba a la agricultura. El poder del movimiento obrero en Chile ya había sido demostrado en las olas de huelgas bajo los gobiernos de Ibáñez y Alessandri. Los trabajadores sabían que la campaña electoral se había caracterizado por todo tipo de trucos y manejos sucios contra la UP promovidos por el imperialismo y la oligarquía. El intento de bloquear el acceso de Allende al gobierno hubiera sido la señal para un movimiento sin precedentes que hubiera provocado una radicalización a lo largo y ancho del país. Además, para los marxistas, si bien los resultados electorales tienen importancia como barómetro del grado de conciencia de las masas, no pueden ser nunca el único factor, ni siquiera el factor determinante en nuestra estrategia. Los marxistas no somos anarquistas. Por eso participamos y estamos dispuestos a utilizar todos los mecanismos de la democracia burguesa e incluso a intentar cambiar la sociedad de modo pacífico, mediante la legislación parlamentaria, en la medida en que se nos permite hacerlo. Sin embargo, toda la historia, y sobre todo la historia de Chile, demuestra cómo la clase dominante está dispuesta a tolerar la existencia de la democracia y su utilización por los socialistas sólo dentro de ciertos límites claramente marcados. En el momento en que la burguesía ve amenazado su poder y sus privilegios, no vacila en romper unilateralmente con las "reglas del juego" (reglas establecidas por ellos en defensa de su poder y sus privilegios) y destruir las conquistas democráticas de la clase trabajadora. No, los socialistas no somos anarquistas. Pero sí somos realistas y hemos aprendido algo de la historia. En este aspecto, lleva razón el compañero Sepúlveda cuando afirma: "En la cuestión del Poder no se trata de correlación de fuerzas numéricas, de tener la mayoría. Por ejemplo, si en marzo de 1973 obtenemos un 51% o un 55%, ¿significa que el imperialismo y la gran burguesía dejan de preparar el golpe, no continúan desarrollando fuerzas para derrocarnos? Por lo menos, la experiencia histórica demuestra que, aun estando en minoría, la reacción defiende por la violencia su predominio de clase" (Socialismo chileno, p. 36). Muchos compañeros socialistas, y probablemente comunistas también, preveían la trampa que la burguesía estaba preparando con sus famosas condiciones. El principal protagonista de este manejo era, por supuesto, la Democracia Cristiana, que nuevamente puso de relieve su auténtica naturaleza de defensora más hábil de los intereses de sus amos, los grandes capitalistas, los banqueros y el imperialismo norteamericano. Bajo la presión insistente del secretario general del PCCh, Luis Corvalán, y compañía, Allende se puso de acuerdo con la DC y aceptó el llamado "pacto de garantías constitucionales", prohibiendo por "anticonstitucional" la formación de "milicias privadas" o el nombramiento como oficiales de miembros de las Fuerzas Armadas no formados en las academias militares. Por otra parte, no se podía hacer ningún tipo de cambio en el Ejército de Tierra, del Aire, la Marina o la Policía Nacional, salvo con la aprobación del Congreso, donde los partidos burgueses todavía tenían la mayoría. De esta forma, Allende y los demás dirigentes de la UP cayeron en la trampa desde el primer momento, olvidando los principios fundamentales del marxismo y el programa de fundación del socialismo chileno: "La transformación evolutiva por medio del sistema democrático no es posible porque la clase dominante se ha organizado en cuerpos civiles armados y ha erigido su propia dictadura para mantener a los trabajadores en la miseria y en la ignorancia e impedir su emancipación". Teoría del Estado Lenin había explicado repetidas veces que el Estado consiste fundamentalmente en "grupos de hombres armados en defensa de la propiedad". La aceptación del "pacto de garantías constitucionales" por parte de los dirigentes de la UP significó un compromiso, por su parte, de no armar a la clase trabajadora y de no tocar ninguna parte del aparato represivo erigido por la burguesía "para mantener a los trabajadores en la miseria y en la ignorancia e impedir su emancipación". Pero entonces, ¿cómo les iba a ser posible llevar a cabo una lucha seria contra la oligarquía y el imperialismo? Durante todo el período de gobierno de la UP, los dirigentes del PSCh y, sobre todo, del PCCh se engañaron a sí mismos y, por lo tanto, engañaron a las masas de obreros y campesinos cuando hicieron hincapié en el carácter "patriótico" e imparcial de su casta militar. Pensaban, de una forma totalmente utópica, neutralizar a los generales y almirantes con buenas palabras, medallas y aumentos salariales. El aparato estatal, y sobre todo la casta militar, no está por encima de las clases y la sociedad, sino que es un órgano de represión en manos de la clase dominante. Los altos mandos del ejército, en Chile como en cualquier otro país, están vinculados estrechamente, por miles de lazos (de clase, familiares, de educación, intereses económicos, etc.) con la alta burguesía, los banqueros y los terratenientes. Todo esto es el abecé para un marxista. Por otra parte, la burguesía y sus representantes políticos, los democristianos, lo comprendían perfectamente. El "pacto" no era una cuestión secundaria, un detalle o un capricho. Era el centro del asunto, como se vio claramente tres años después con unas consecuencias catastróficas para la clase obrera y todo el pueblo chileno. No obstante, la formación del gobierno de la UP abrió una nueva etapa en el proceso revolucionario en Chile. Al igual que en España en l936, el programa inicial del gobierno se vio muy rápidamente sobrepasado por el movimiento de las masas. "Durante el primer año y medio de gobierno, la aplicación de medidas de carácter democrático-burgués agota rápidamente el esquema de reformas de la UP y las masas comienzan a exigir la aplicación del programa en materias como economía, salud, educación o vivienda. Es así como estas masas comienzan a movilizarse en torno a aspiraciones como el paso a manos de los trabajadores de los grandes monopolios textiles, madereros, etc. Aspiraciones que el gobierno sólo puede cumplir en parte, dado su grado de compromiso con la oposición y los obstáculos que el reformismo militante en las propias filas de la UP pone a la consecución de estos objetivos. Es en este punto donde los sectores reformistas inician una acción que tiende a paralizar toda iniciativa que movilice a las masas tras objetivos o perspectivas socialistas y revolucionarias, y audazmente imponen a sus representantes en la dirección del aparato económico, utilizando a la CUT para estos fines. Todo esto tiene como consecuencia un divorcio entre los objetivos de las masas y los objetivos del gobierno". (45 aniversario del PSCh, p. 17, el subrayado es nuestro). Presión de las masas Bajo la presión de las masas, el gobierno de la UP fue bastante más lejos de lo previsto por muchos de sus dirigentes. El esquema mecanicista del estalinismo de una división artificial entre las tareas democrático-burguesas y las tareas de la revolución proletaria quedó roto por el movimiento de las masas. El gobierno Allende llevó a cabo medidas importantes de nacionalización, que representaban un duro golpe contra los intereses de la oligarquía. Las medidas de chilenización del gobierno Frei habían reducido al 49% la industria del cobre en manos de los grandes monopolios norteamericanos, como Anaconda o Kennecott Copper, a los que Frei pagó enormes indemnizaciones (80 millones de dólares a Kennecott Copper entre 1967 y 1969 sólo por El Teniente). Los trabajadores chilenos se vieron sobrecargados por este peso. En julio de l97l, Allende explicó que los monopolios estadounidenses habían invertido entre 50 y 80 millones de dólares en Chile y que sus ganancias ascendieron a 1.566 millones de dólares. Por lo tanto, dichas empresas debían a Chile unos 642 millones de dólares. La nacionalización del cobre en julio de 1971 representó un gran avance. Asimismo se nacionalizaron la industria del carbón, las minas de hierro y de nitratos, la industria textil, ITT, INASA, etc. Una serie de reformas sociales en beneficio de la clase trabajadora también sirvieron para aumentar drásticamente el apoyo popular del gobierno: distribución gratuita de leche a los niños en los colegios, congelación de los alquileres y precios, aumento de salarios y pensiones... Estas medidas a su vez dieron un enorme empuje al movimiento de las masas. Por fin los sectores más atrasados, apolíticos y apáticos de la sociedad vieron un gobierno que actuaba en su beneficio. El resultado fue una creciente ola de radicalización en el campo y en la ciudad. La incapacidad del gobierno Frei para llevar a cabo una reforma agraria seria fue una de las principales razones de la victoria electoral de Allende. En vísperas de las elecciones, la situación en el campo se caracterizó, en palabras del ex ministro de Agricultura de la UP, Jacques Chonchol, por "una frustración creciente". Él mismo explica cómo la puesta en marcha de la nueva reforma agraria se debió a la fuerte presión de las masas rurales: "El primer aspecto que tuvo que abordar el gobierno de la Unidad Popular en su política agraria fue el de acelerar el proceso de las expropiaciones para responder a la presión e inquietud de los campesinos. Éstos, en efecto, pensaban que puesto que el nuevo gobierno era de los trabajadores, todas sus diversas aspiraciones de acceso a la tierra debían ser satisfechas del modo más rápido posible". (Chile-América, nº 25-26-27, pp. 27-28, el subrayado es nuestro). Por otra parte, los latifundistas empezaron una campaña sistemática de sabotaje, abandonando sus tierras y desmantelando las instalaciones de sus haciendas. Muchos de ellos ya estaban financiando grupos armados de la ultraderecha con el fin de resistirse a la reforma agraria. Pablo Goebels, un gran terrateniente de la provincia de Cautín, afirmó públicamente que cualquier funcionario del gobierno que intentara expropiar sus tierras sería recibido con ametralladoras. Según un informe oficial de la policía, ás de 2.000 hombres han sido reclutados en comandos de asalto con el fin de provocar el fracaso del sistema de transporte, interrupciones en el abastecimiento de agua, gas y electricidad, y de esta manera causar un descontento generalizado". (Militant, 1/10/71). Desde el primer momento la clase dominante chilena estuvo haciendo sus preparativos para un golpe. Como explica el mismo artículo: "Mientras que Allende predica la ‘responsabilidad’ y la ‘disciplina’ a las masas, la reacción está acumulando fuerzas para un golpe. Profundamente deprimidos por la victoria de Allende y asustados por el movimiento de las masas, los terratenientes y los capitalistas comprenden la imposibilidad de derrocar a Allende inmediatamente. Están dispuestos a esperar. No obstante, se están haciendo preparativos cuidadosos, se están recogiendo armas, los altos mandos del cuartel general están conspirando. El peligro es muy real". Resistencia del Estado La única forma de desarmar a la reacción y aplastar la resistencia de los grandes terratenientes hubiera sido armar a los campesinos pobres, organizándolos en comités de acción para ocupar las tierras, con el apoyo del gobierno. Ante un movimiento poderoso de las masas armadas, los terratenientes y sus matones hubiesen sido derrotados, con un mínimo derramamiento de sangre. De hecho, esta era la única vía posible para defender las conquistas obtenidas por las masas con la Unidad Popular. Pero los dirigentes de la UP desconfiaban totalmente de la iniciativa revolucionaria de las masas y estaban atemorizados por la idea de "provocar a la reacción". Por eso se oponían tajantemente a cada intento por parte de los campesinos pobres de llevar a cabo "ocupaciones ilegales", incluso mandando a las "fuerzas del orden público" para desalojar a los campesinos que habían llevado a cabo tales acciones. Hoy en día, algunos de los dirigentes de la UP intentan justificarse, alegando que estos movimientos estaban organizados por grupos ultraizquierdistas y que, a veces, los campesinos "se pasaban", ocupando no sólo las tierras de los latifundistas, sino también de campesinos medios. Indudablemente, cualquier movimiento revolucionario, sobre todo por parte de las capas más oprimidas y atrasadas de la población, siempre tiende a "pasarse" y, hasta cierto punto, estos "excesos" son inevitables. También puede ser cierto que algunos grupúsculos ultraizquierdistas se aprovecharan del movimiento espontáneo de los campesinos para aumentar su influencia. Pero la responsabilidad por esta situación es totalmente de los dirigentes de la UP, y principalmente del PCCh y del PSCh. La mejor forma de evitar abusos y "excesos", minimizar la violencia y la sangre y asegurar la transferencia más pacífica y ordenada posible de los latifundios a los campesinos pobres era que los mismos dirigentes obreros, en vez de denunciar estas "acciones ilegales" y mandar a la policía para "restablecer el orden", se hubiesen puesto a la cabeza del movimiento de las masas, dándole un carácter organizado. Jacques Chonchol, en el artículo anteriormente mencionado, intenta minimizar la importancia de los consejos campesinos. Sin embargo, él mismo explica las razones que impidieron la potenciación y generalización de estos organismos de poder popular en el campo: "Buscando su ampliación para hacer participar a estos grupos, se inició además una lucha política entre la UP y la Democracia Cristiana, y entre los propios partidos de la Unidad Popular, para tratar de controlar los consejos, lo que llevó posteriormente a algunos partidos de la UP a no apoyar la organización de los Consejos Campesinos". (Chile-América, p. 32, el subrayado es nuestro). ¡Una afirmación increíble! Algunos de los dirigentes de la UP se oponían a la creación de los consejos campesinos porque existía una lucha por la hegemonía política en estos organismos. Pero, ¿acaso no existe la misma lucha en cada fábrica, en cada barrio obrero, en cada convocatoria electoral, en cada sindicato? Y, sin embargo, los dirigentes de la UP no abogaban por la abolición de los sindicatos y el parlamento. La verdadera razón fue que "algunos dirigentes" de la UP desconfiaban del movimiento de las masas campesinas y tenían miedo de que se les escapara de las manos. El deber elemental de los dirigentes obreros era apoyar cada iniciativa revolucionaria de las masas de campesinos pobres, potenciar activamente la creación de los consejos campesinos, pese a todas las dificultades, y luchar en su seno por una política socialista revolucionaria, contra la influencia funesta de los democristianos. Desde el primer momento los dirigentes de la UP ponían toda su confianza en la legalidad burguesa dejando intacto todo el viejo aparato estatal. Esto tuvo consecuencias desastrosas para la reforma agraria, como admite el propio Jacques Chonchol: "Además de esto, las limitaciones jurídicas del gobierno le impedían dar a los Consejos Campesinos, si no era a través de una ley que no tenía posibilidades de hacer aprobar por ser minoritario en el Parlamento, fuero para sus dirigentes y financiamiento para su trabajo" (Chile-América, p. 32). El carácter utópico de la idea de la utilización del viejo aparato burocrático del Estado burgués para llevar a cabo la reforma agraria queda reconocido implícitamente, aunque con pocas ganas, en las siguientes palabras de Chonchol, que admite que los "Consejos Campesinos" a menudo chocaban con la resistencia del aparato burocrático: "De igual modo, uno de los problemas que el gobierno de la UP no pudo resolver, a pesar de los intentos hechos, fue el del funcionamiento del aparato burocrático del Estado (...) Para todo el proceso de cambio agrario, que incluía problemas tan diversos como el de las expropiaciones, el de la asistencia técnica y crediticia a los campesinos, el de la reorganización del sistema económico entre la agricultura y el resto de la sociedad, etc., se requería dar al aparato burocrático, que tenía una considerable responsabilidad en todo el proceso de cambio (!), un dinamismo, una coherencia y una eficacia muy superiores a lo que había sido su comportamiento tradicional. "Varios intentos se hicieron durante el gobierno de UP para lograr este objetivo, pero, en definitiva, las limitaciones legales, la resistencia de la burocracia a cambiar sus hábitos, la diferencia de clases entre los burócratas y los campesinos, la ubicación urbana de gran parte de esta burocracia agraria y las luchas partidistas impidieron avanzar de un modo significativo en la transformación de la burocracia tradicional en un cuerpo más orgánico (?) y eficiente al servicio del proceso de la transformación agraria". (Chile-América, p. 33, el subrayado es nuestro). Todos los argumentos de Chonchol demuestran claramente la imposibilidad de llevar a cabo un cambio radical e irreversible de las relaciones sociales en el campo chileno a no ser como consecuencia de la lucha revolucionaria del campesinado armado contra la contrarrevolución y la organización de los consejos campesinos, estrechamente vinculados con los sindicatos campesinos y las organizaciones de la clase obrera en las ciudades. Pero a pesar de todo, por las presiones de las masas (ya antes del 1 de enero de 1971 hubo entre 250-300 ocupaciones "no oficiales"), el gobierno de la UP llevó a cabo la reforma agraria más profunda de toda la historia de Chile. En palabras de Chonchol: "En estas circunstancias, el gobierno de la UP se fijó para 1971 una meta de mil predios a expropiar, que era casi tanto como lo hecho por el gobierno demócrata-cristiano durante sus 6 años de ejercicio (1.139 predios) y que significaba casi cuadruplicar las expropiaciones de 1970 (273 predios con 634.000 hectáreas habían sido expropiados por el gobierno Frei en 1970). Esto implicaba un enorme esfuerzo del sistema burocrático del Estado, dadas las complejidades y limitaciones del proceso de expropiación contemplado en la ley 16.640. A pesar de ello, y bajo la presión campesina, la aceleración del proceso debió ser aún mayor, y al final de 1971 se habían expropiado 1.378 predios con 2.600.000 hectáreas. Este ritmo se aceleró aún más en 1972, año en que se expropiaron más de 2.000 predios con unas 2.800.000 hectáreas, con lo que prácticamente se terminó con el gran latifundio en Chile. En l973, hasta el golpe de Estado, se expropiaron otros 1.050 predios, sobre todo predios mal explotados de tamaño medio y latifundios remanentes, con 1.200.000 hectáreas" (Chile-América, p. 28). Las medidas tomadas por el gobierno Allende en beneficio de las masas de obreros y campesinos provocaron una enorme ola de entusiasmo popular, claramente reflejado en los resultados de las elecciones municipales del 4 de abril de 1971 (ver cuadro 2) Mientras que en las elecciones presidenciales Allende sólo obtuvo el 36,3% de los votos, ahora los partidos de la UP consiguieron el 49,7% de los votos, frente al 48,05 de la oposición combinada. La ola de radicalización en el país tuvo su expresión en el surgimiento de incipientes órganos de poder obrero en las fábricas y en los barrios obreros. En el campo hubo intentos, por parte de los campesinos pobres, de ocupar tierras. Este fermento en las masas populares también sacudió a los partidos tradicionales de la clase media, provocando una serie de convulsiones y escisiones en su seno. Siete diputados de la DC abandonaron sus filas para formar un nuevo partido, el MIC (Izquierda Cristiana), al que se adhirió una parte de las juventudes del partido, quienes se declararon a favor de "la construcción del socialismo" con el gobierno de la UP. El Partido Radical sufrió una escisión por la derecha tras el 25 Congreso, cuando el Partido formalmente se declaró a favor de "la lucha de clases y la necesidad de terminar la explotación del hombre por el hombre". Alberto Baltra, que protagonizó la formación del MRI "para representar los intereses de la clase media", tampoco se atrevió inmediatamente a manifestarse abiertamente contra el gobierno de la UP. La corriente popular a favor del gobierno era demasiado fuerte incluso entre las masas de la pequeña burguesía. De hecho, la correlación de fuerzas en el parlamento no era más que un pálido reflejo de la enorme fortaleza del movimiento obrero y campesino en aquel momento. Todas las condiciones objetivas para la transformación pacífica de la sociedad chilena estaban dadas. La clase dominante estaba desmoralizada y vacilaba. El movimiento de las masas estaba en auge, y de hecho ya había dejado muy atrás los esquemas reformistas de las direcciones obreras. La clase media, y sobre todo el campesinado, miraba con esperanza hacia el gobierno. Los dirigentes socialistas y comunistas ocupaban puestos claves del gobierno y la administración pública. Tenían la ventaja de ser el gobierno legítimo del país, lo que facilitaba la tarea de la revolución socialista de cara a las masas más atrasadas de la clase media. Incluso en las fuerzas armadas, la Unidad Popular tenía mucho apoyo, no sólo entre los soldados y marineros, sino incluso entre amplios sectores de los suboficiales, que apoyaban al PSCh o al PCCh. El presidente de la República podía convocar un referéndum sobre temas importantes. No se puede imaginar una situación objetiva más favorable. No obstante, las direcciones del PSCh y del PCCh no aprovecharon el momento para dar el golpe definitivo y acabar con el poder de la oligarquía. En esta situación, surgieron elementos de doble poder en la sociedad chilena: "En este punto es muy importante destacar que la contradicción fundamental está dada por la aspiración del poder popular de las masas expresadas en los llamados comandos comunales, cordones industriales, asambleas populares, formas de control de abastecimiento de alimentos, consejo de administración de empresas, etc." (45 aniversario del PSCh, p. 17). No obstante, los dirigentes del movimiento obrero dejaron todas las palancas del poder en manos de la clase dominante. No se atrevieron a tocar el ejército y la policía. "La Unidad Popular tiene el poder Ejecutivo", dice Sepúlveda, "pero el enemigo controla toda la institucionalidad burguesa y se escuda en ella para sus preparativos contrarrevolucionarios". El gobierno tenía poderes legales para convocar un plebiscito y unas nuevas elecciones legislativas, que sin duda alguna hubieran significado una victoria decisiva para los partidos obreros. Pero en un momento tan favorable, los dirigentes de la UP desperdiciaron la oportunidad, confiando ciegamente en la "buena voluntad" del enemigo de clase. La contraofensiva burguesa "La Unidad Popular triunfa con un 36% el 4 de septiembre. El 5 de noviembre, después del asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, general René Schmeider, el Presidente Allende asume [el poder] ante una burguesía dividida y aterrada. Las propias Fuerzas Armadas esperan una limpieza a fondo. No se mueve a nadie. Se inicia la aplicación de las líneas generales del Programa y de las 40 medidas. A cinco meses de ejercicio de gobierno se realizan las elecciones de regidores: la UP obtiene el 51% de los votos" (Socialismo chileno, p. 38). De esta manera, los dirigentes de la UP perdieron la mejor oportunidad de conseguir una transformación relativamente pacífica de la sociedad: la convocatoria de unas nuevas elecciones, la consecución de una mayoría absoluta que hubiera quitado a los partidos burgueses su último pretexto legal para bloquear la legislación socialista y un llamamiento desde el gobierno a toda la clase obrera y al campesinado para llevar a cabo la total eliminación del poder de los capitalistas y terratenientes en Chile, armando a los obreros y campesinos en defensa de sus conquistas democráticas, económicas y sociales y organizando de forma generalizada por todo el país consejos de obreros, campesinos, soldados, amas de casa y pequeños comerciantes para organizar la producción y vigilar el mantenimiento del orden revolucionario. Estos consejos, democráticamente elegidos y revocables en todo momento, se constituirían finalmente en los auténticos órganos del poder de los obreros y campesinos chilenos. Enfrentadas a un movimiento revolucionario de estas características, la clase dominante, la casta militar y la burocracia estatal hubieran quedado suspendidas en el aire, sin ningún tipo de base social. Pero los dirigentes de los principales partidos obreros, al olvidar los principios más elementales del marxismo y desaprovechar la oportunidad, dejaron que la iniciativa pasase a manos de la reacción. Utilizando su control de la prensa, la oligarquía chilena, con el apoyo activo de la CIA, empieza su contraofensiva en las páginas de El Mercurio. La Democracia Cristiana intensifica su campaña contra el gobierno en alianza con el Partido Nacional, exigiendo el "desarme de todos los grupos armados". Esta gente, lógicamente, estaba pensando sólo en los grupos de izquierda, ya que "Patria y Libertad"y otros grupos fascistas llevaban a cabo sus provocaciones terroristas en las calles con impunidad. Así, se establece una conveniente división del trabajo entre la oposición "respetable" de la DC, que sistemáticamente bloquea las nuevas leyes, y los fascistas, que siembran el terror y la confusión en las calles. Los capitalistas y terratenientes chilenos boicotearon la economía nacional. El imperialismo estadounidense cortó toda ayuda económica al gobierno Allende e intentó organizar un boicot mundial al cobre chileno. Las nacionalizaciones, llevadas a cabo de forma parcial y sin una planificación económica global, dieron lugar a convulsiones, provocando un enorme aumento de la inflación, que eliminó las ventajas de los incrementos salariales y afectó seriamente a la clase media. Muy rápidamente, la simpatía de las capas medias hacia el nuevo gobierno se convirtió en una creciente oposición. La ofensiva de la contrarrevolución empieza con el paro de los camiones, en octubre de 1972. Las masas de la clase trabajadora, comprendiendo el peligro, responden con unas movilizaciones impresionantes, que logran frustrar el intento contrarrevolucionario, pero ¿cómo actuaron los dirigentes? Con una remodelación del gobierno para por primera vez incluir a representantes de la casta militar en el gabinete. Nuevamente, el triunfo logrado por la movilización y la iniciativa de la clase trabajadora se convierte en una derrota a causa de la bancarrota y la miopía reformista de sus dirigentes. "Se llama a las Fuerzas Armadas como árbitros en un conflicto que tenía un vencedor", comenta A. Sepúlveda con amargura. El Comité Central del Partido Socialista, expresando la indignación de la base obrera contra la capitulación del gobierno, protesta contra "esa salida que escamotea una victoria en una fase decisiva del proceso" (Socialismo chileno, p. 40). Conspiraciones golpistas Entre el paro de octubre y el 4 de marzo, hay cuatro meses de preparación contrarrevolucionaria: propaganda contra el "desabastecimiento" y el "mercado negro" provocado artificialmente por la burguesía. Al mismo tiempo, se intensifican las conspiraciones golpistas en los cuarteles. En esta situación, los dirigentes de la UP, empeñados en sus esquemas reformistas y confiando ciegamente en la "lealtad" de los generales "patriotas", se muestran totalmente impotentes para parar la ofensiva de la derecha. A pesar de todo, la Unidad Popular obtuvo el 44% de los votos en las elecciones de marzo de 1973. "En el primer momento, que el pueblo considera un triunfo, el enemigo está apabullado. Es la ocasión de lanzarse a la ofensiva... Es lo que plantea el Partido Socialista. Pero no hay ofensiva" (Socialismo chileno, pp. 40-41). Indudablemente, las bases obreras, tanto del PSCh como del PCCh, querían pasar a la ofensiva. Los trabajadores estaban pendientes de una palabra de sus dirigentes para salir a la calle y aplastar a la reacción, Pedían armas, pero sólo consiguieron buenas palabras, promesas y llamamientos a la disciplina, la responsabilidad, la serenidad. Sin embargo, como dice Sepúlveda, ya en marzo de 1973 el proletariado "no quería más desfiles, aspiraba al poder". (Socialismo chileno, p. 41). Según el documento del PSCh anteriormente citado: "El gobierno de la UP, enfrentado a la insurrección de la burguesía, no es capaz, por las posiciones reformistas, de resolver a favor de la revolución chilena, con acciones organizadas de masas, de poner fin a esta ofensiva, y desde la conciliación trata de posponer el desenlace de una situación que se hace cada vez más insostenible" (45 aniversario del PSCh, p. 18). La base obrera del PSCh, siguiendo su instinto de clase, se opuso tajantemente a la entrada de militares en el gobierno. De esta manera, los obreros socialistas demostraron que comprendían mucho mejor que su dirección lo que estaba pasando en el país. La capitulación de los dirigentes de la UP en noviembre sólo estimuló el apetito de los reaccionarios. Los resultados de las elecciones de marzo sólo sirvieron para aplazar el desenlace fatal. Si la contrarrevolución sólo hubiera dependido de los dirigentes, habría triunfado en Chile casi un año antes. Afortunadamente, el enorme poder del movimiento obrero y su gran nivel de combatividad hizo vacilar a las fuerzas reaccionarias. Como dijo el periodista inglés Laurence Whitehead, en un artículo en The Economist (30/7/73): "Si hasta ahora el ejército chileno se ha detenido, la explicación no hay que buscarla en ninguna tradición nacional peculiar, sino en el poder formidable ahora adquirido por el movimiento obrero". La prueba de este enorme poder fue el fracaso rotundo del "tancazo" del día 29 de junio. En cuestión de horas, miles de trabajadores hicieron huelgas, ocuparon las fábricas y, dejando piquetes para guardar las fábricas ocupadas, marcharon hasta el Palacio de la Moneda. "Otra coyuntura extraordinaria para avanzar y golpear", afirma Sepúlveda. "Los campesinos estaban a la vista. Abortado el movimiento, los parlamentarios de derechas temblaban en los pasillos del Congreso" (Socialismo chileno, p. 41). Y ¿cuál fue la reacción de la dirección? Allende hizo un llamamiento a los trabajadores para que volviesen a trabajar. La policía dispersó a las masas que circulaban sin rumbo fijo por las calles de la capital. Este comportamiento del gobierno dio ánimo a las fuerzas reaccionarias, que se lanzaron nuevamente a la lucha con otra huelga de los camioneros. Los trabajadores respondieron con una huelga general de 24 horas el día 9 de agosto. Como se decía en un artículo en Militant (17/8/73): "No falta el ánimo o la voluntad para luchar. Lo que falta es la dirección". Casi tres años después, el dirigente socialista Adonis Sepúlveda, mirando hacia atrás, llega a la misma conclusión: "La dirección del movimiento no entregaría orientación alguna. Tampoco la CUT" (Socialismo chileno, p. 41, el subrayado es nuestro).
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