MARXISMO HOY Nº 4 
Una alternativa socialista a la unión Europea

Mayo 1998

A dos años de gobierno PP (1)
Una ofensiva permanente contra los trabajadores

Juan Ignacio Ramos

Durante dos años, Aznar y su gente hicieron todo lo posible por provocar elecciones anticipadas. Esta táctica les llevó a una campaña desenfrenada contra la dirección del PSOE, campaña en la que todo era lícito, acusaciones y maniobras ¾ especialmente en lo referido al terrorismo de estado , que contradecían incluso los intereses de clase de la burguesía.

Durante esos dos años, los sectores más perspicaces de la clase dominante comprendían que la victoria del PP por mayoría absoluta era una condición necesaria. Habían sufrido la inestabilidad de la última legislatura y necesitaban un gobierno burgués fuerte que pudiera acometer sin compromisos, ni condiciones, los ataques al movimiento obrero que requeriría la nueva situación.

A pesar de todo, las elecciones de 3 de marzo supusieron un golpe para la burguesía y el PP. Aunque obtuvieron los mejores resultados de su historia, 9.658.519 votos, el 38,85%, el PSOE quedó a poco más de 300.000 votos y obtuvo un 37,48%, 9.318.510 votos. Este hecho, después de catorce años de gobierno socialista y el fuerte desgaste de la última legislatura, muestra a las claras la debilidad del PP.

Izquierda Unida alcanzó 2.629.846 votos, un 10,58%, algo más de 300.000 votos que en las anteriores legislativas, pero bastante por debajo de las expectativas creadas en los meses anteriores.

El cuadro decepcionante para la burguesía, se completó con los resultados electorales de las autonómicas andaluzas que se celebraron simultáneamente. El PSOE volvía a recuperar la mayoría parlamentaria relativa que perdió en 1994; 1.884.823 votos, el 43% frente a 1.395.131 el 38% de 1994. El Partido Popular pasó de 1.238.252, el 34,4% en 1994, a 1.462.918 el 34,1%, y finalmente Izquierda Unida, que había precipitado la convocatoria de elecciones anticipadas por su negativa a votar los presupuestos, recibió un severo correctivo; pasó de 689.815 votos, el 19,7% en 1994 a 601.027 votos, el 14,7%, perdiendo siete diputados de los veinte que tenía.

Los trabajadores agruparon su voto mayoritariamente en torno al PSOE no por sus ilusiones en el programa de Felipe González que ha demostrado sobradamente ser un ser un capital seguro para la clase dominante, sino por su rechazo a todo lo que representa el Partido Popular.

En el caso de IU las posibilidades de cosechar un buen resultado electoral que reflejase por la izquierda el desgaste del PSOE se vieron bastante frustradas. En los últimos años de legislatura socialista la oscilación de los dirigentes del PSOE y del propio gobierno hacia la derecha fue aún más acentuada. Eran condiciones muy favorables para el avance de Izquierda Unida tanto en el terreno electoral como en su capacidad para organizar a miles de trabajadores y jóvenes que deseaban una alternativa de izquierdas frente a la política del Gobierno. Pero la dirección de IU no fue capaz de encauzar este descontento como hubiera sido posible. Su insistencia en identificar permanentemente al PSOE con el PP, y en muchos casos situar al Partido Socialista como el enemigo principal a batir dejando en un plano secundario al PP cuando la derecha aparecía como una alternativa clara de gobierno, chocó con el ambiente que existía entre amplias capas de trabajadores y sus deseos de frenar a Aznar. Por otro lado la actitud de la cúpula socialista y de la dirección federal de IU de negarse a llegar a acuerdos mínimos para retener ayuntamientos y gobierno autónomos, además de proporcionar al PP un mayor poder, aumentó considerablemente la confusión política entre la población. En el caso de IU la factura más dura la turvieron que pagar en Andalucía, donde sufrieron un acusado golpe en las elecciones autonómicas.

No obstante el PP sin mayoría parlamentaria no tenía otro remedio que intentar llegar a acuerdos con CiU y el PNV para formar gobierno y conseguir una mínima estabilidad en la legislatura.

Las primeras contradicciones surgieron mientras se urdía el pacto con los nacionalistas. La clase dominante propinó un tirón de orejas a Aznar y a su camarilla del clan de Valladolid. Los mismos que se habían pasado toda la campaña electoral insultando a Pujol, rescatando del baúl de los recuerdos las enseñas de la unidad de la patria, y rechazando cualquier hipotético acuerdo con la burguesía nacionalista tuvieron que rectificar a velocidad supersónica.

Hubo sus víctimas: el presidente del PP catalán Vidal Quadras fiel a su compromiso y a sus reaccionarias ideas y consciente del precio electoral de un acuerdo de ese tipo, se dedicó al sabotaje hasta que finalmente fue obligado cortésmente a presentar la dimisión. Aznar ya en pleno derrapaje para lograr a cualquier precio el acuerdo, multiplicó sus gestos de humillación hacia Pujol. En cualquier caso la burguesía necesitaba el acuerdo, la banca presionó, la CEOE presionó, el Rey presionó y el acuerdo finalmente se materializó.

La debilidad del PP quedó de manifiesto una vez más. Es sorprendente que desde la caída de la dictadura la burguesía haya sido incapaz de construir una alternativa política unificada en todo el estado. Al contrario de Gran Bretaña, Francia o Alemania, la derecha sigue fragmentada con numerosos grupos regionalistas y nacionalistas que si bien temporalmente arropan al PP, porque, por encima de todo, les une sus intereses de clase, son una fuente de contradicciones e inestabilidad política permanente.

En todos los frentes, desde la economía, la sanidad, la educación, el desempleo, las libertades democráticas, la cuestión nacional, la cultura, los medios de comunicación, en todos, las agresiones del PP han sido significativas y los retrocesos para el movimiento obrero, en algunos casos muy graves. El gobierno del PP ha realizado una política de agresión continua a los trabajadores, profundizando la senda que el anterior gobierno del PSOE había trazado.

Pero ¿cómo han podido llevar a cabo estas agresiones teniendo una mayoría parlamentaria tan frágil y una contestación tan elevada en las urnas?

Sería imposible entender lo que ha sucedido en estos 18 meses y lo que puede ocurrir en el próximo período sin analizar la política de las direcciones sindicales y de los partidos obreros.

Nunca un gobierno de derechas, ni de izquierdas, había logrado en apenas veinticuatro meses firmar cuatro acuerdos con los sindicatos. Aunque no es un pacto social global, los efectos son muy parecidos. Esta política de colaboración y pacto se ha realizado con la intención de garantizar la paz social, aunque los conflictos han sido numerosos, especialmente el movimiento de los empleados públicos, y el de los mineros asturianos de Hunosa, que podrían haber acabado en una victoria con una dirección que hubiera optado por extender el conflicto y unificar la lucha hasta obligar el Gobierno a retroceder.

El gobierno del PP comenzó su andadura con medidas orientadas en dos direcciones. Primero, recorte extraordinario del gasto público, para reducir el déficit: en mayo de 1997, más de 200.000 millones. Segundo, para "animar" la actividad económica, o mejor dicho para aumentar las plusvalías de los capitalistas, rebaja fiscal a la tributación de los grandes capitales: Hacienda ingresó en 1997 600.000 millones de pesetas menos que en 1996 por este concepto. Los presupuestos de 1997 fueron los más restrictivos de los últimos 13 años. Congelación salarial para dos millones de empleados públicos, aumento de impuestos al consumo y de las tasas, reducción de los gastos sociales, de la cobertura para desempleo, en sanidad, educación y caída en picado de la inversión pública, además de una política agresiva de privatizaciones. Los presupuestos preveían un crecimiento de la inversión privada del 7%, incremento del 3% del PIB y la reducción del déficit público a los niveles definidos en el acuerdo de Maastricht. Eran unos presupuestos que en líneas generales contemplaban la reducción del gasto público en un billón de pesetas.

En ese contexto, si las direcciones sindicales hubieran tenido como prioridad defender las conquistas del movimiento, sus derechos y recuperar el poder adquisitivo perdido habrían pasado a una ofensiva global. La realidad fue la contraria.

El papel de las direcciones sindicales es un factor objetivo en la situación. En realidad siempre hay margen para que las direcciones sindicales y obreras giren más a la derecha, depende de los obstáculos que encuentren en situaciones concretas, depende del ambiente entre la clase, del período precedente.

Desde 1994, aunque el proceso había comenzado tiempo atrás, la política de acuerdos, pactos y negociación se había convertido en el eje de la acción sindical de los dirigentes de UGT y CCOO. El saldo de esa política, unido a los efectos de la recesión económica, el miedo a perder el puesto de trabajo, las altas tasas de paro, la eventualidad (superior al 30% de la población activa), con sus efectos de atomización entre la clase obrera, permitió a los capitalistas imponer unas condiciones infernales en las fábricas. El aumento de los ritmos de trabajo, la prolongación de la jornada, la reducción de los salarios ha sido el menú cotidiano para millones de trabajadores. En esas condiciones la recuperación de la tasa de beneficios ha sido espectacular. Este ambiente era él más propicio para que los sindicatos, sin un cambio en su orientación, continuaran su pérdida progresiva de afiliación. No hay motivos para que los sectores más desprotegidos de trabajadores se afilien, sobre todo si se considera la política de los dirigentes y el chantaje de los empresarios.

A pesar de todo, en un contexto que no era favorable para el movimiento, vimos el surgimiento con el sector crítico, de la oposición de izquierdas en CCOO más importante de los últimos veinte años. Este proceso de diferenciación no tuvo lugar al calor de grandes luchas ¾ como en Francia o Bélgica¾ , sino que, se inició por la presión de cientos de activistas que veían las consecuencias dramáticas del retroceso en las fábricas y reflejaban el descontento de amplias capas de los trabajadores.

Desde un primer momento los dirigentes oficialistas de UGT y CCOO se lanzaron a implorar a Aznar un nuevo pacto social. Durante el último año y medio habían tratado de llegar a acuerdos con el gobierno del PSOE pero un pacto general nunca fraguó. En cierto modo todo parecía más complicado en el nuevo escenario político para una estrategia sindical de acuerdos con el PP, considerando la política de éste último. La realidad ha demostrado que aunque no hay imposibles en política, las cúpulas sindicales se vieron obligadas a hacer auténticas fintas para lograr sus propósitos.

En los últimos años la vinculación del aparato sindical al Estado se ha hecho muy estrecha. Después del escándalo de PSV, la UGT que zozobró durante dos años, superó más mal que bien su maltrecha situación a costa de la dimisión de Nicolás Redondo y todo su equipo. La nueva dirección con Méndez al frente es el reflejo del estado en que se encuentra el sindicato, políticamente girando más a la derecha y económicamente hipotecada hasta el cuello. Sólo en intereses anuales UGT debe pagar 3.500 millones de pesetas por el crédito del ICO, una forma poco honorable de terminar con el famoso modelo de sindicato de servicios.

La incitativa política durante todo este período ha correspondido a Antonio Gutiérrez y su equipo de nuevos conversos a la religión del mercado. El giro a la derecha de CCOO ha asombrado a todo el mundo; especialmente al PP, que ha descubierto al mejor interlocutor que podría imaginarse en este nuevo hombre de estado que es Antonio Gutiérrez.

La estrategia sindical de los líderes de UGT y CCOO estuvo dirigida, desde el momento en que el PP formó gobierno, a lograr un nuevo pacto social. Instalados en la filosofía de la negociación como fin último del sindicalismo y sobre todo sin ninguna confianza en la capacidad de movilización y en la fuerza de la clase obrera los dirigentes sindicales han desarrollado la estrategia de firmar cuanto antes la rendición, para evitar, como suelen explicar en las asambleas públicas, "males mayores". En el mes de mayo de 1996 se abrieron quince mesas sectoriales de negociación, optando por una estrategia que no tuviese los riesgos de un pacto social global, pero sí todas sus "ventajas".

El Pacto de Toledo firmado en la legislatura anterior por todos los grupos parlamentarios, incluyendo IU que luego rectificó su posición, suponía una devaluación real de las pensiones, que perdían entre un 8% y un 15% de capacidad adquisitiva debido al incremento de los años para establecer la base del cómputo para la jubilación. Este fue el primer marco elegido para llegar al acuerdo. Para allanar el camino se firmó el ASIEC, el llamado pacto de arbitraje y conciliación de conflictos colectivos, que introducía recortes y restricciones al derecho de huelga.

La firma de un nuevo acuerdo, en lo referente al sistema público de pensiones pretendía trasladar una imagen de paz y colaboración entre los "agentes sociales" y el gobierno. Sin embargo, el acuerdo recibió una contestación interna muy amplia, especialmente en CCOO donde el sector crítico hizo campaña contra él. Para complicar más la situación, el conflicto de los empleados públicos arrastrado desde verano estalló con toda su crudeza. Los efectos desmovilizadores del Pacto de Toledo duraron muy poco.

Desde el 10 de julio de 1996 los trabajadores públicos habían demostrado su firme voluntad de luchar contra la congelación salarial, desbordando la Asamblea Estatal de delegados que se celebró en Madrid. En respuesta los dirigentes sindicales diseñaron una estrategia que conducía directamente a la derrota. Sus planes tuvieron como fin convencer al movimiento de la idea que habían repetido machaconamente en los últimos dos años: la lucha no sirve de nada. Para lograr tal fin la mesa sindical que dirigió la lucha contra la congelación salarial en la que estaban presentes los sindicatos amarillos de la administración (CSIF y ANPE), junto a UGT y CCOO, aprobó un calendario de "movilizaciones sostenidas" en el tiempo, consistentes en paros rotatorios de una hora por sector, ¾ enseñanza, administración local, sanidad, administración central, etc.¾ , y por comunidades. Jamás intentaron unificar la lucha de los empleados de la administración con los trabajadores de otras empresas públicas amenazadas también de congelación salarial o sufriendo procesos de privatización como era el caso de Renfe, Telefónica, siderurgia, minería. Su objetivo era dividir al máximo la respuesta, descafeinarla, vaciarla de contenido, aislarla y agotar al movimiento. Sin embargo sus cálculos fallaron de cabo a rabo.

Igual que en otras luchas en Europa, pero sin alcanzar el mismo nivel, los trabajadores de base desbordaron a sus dirigentes y presionaron para que estos fueran más allá. Obligados por las circunstancias, CCOO y UGT fijaron para el 15 de octubre manifestaciones de funcionarios en todas las capitales y ciudades importantes, esperando que la escasa respuesta les permitiese replegar velas. A pesar de la falta de propaganda, asambleas previas para debatir los objetivos de la lucha y la plataforma reivindicativa, y otros aspectos, las manifestaciones fueron un éxito rotundo con más de 600.000 trabajadores en la calle a lo largo y ancho de todo el país.

El 15 de octubre probó cual era la disposición y el ambiente real de los trabajadores para combatir al PP. Todas las condiciones estaban maduras para una lucha prolongada que acabase en una victoria.

Para animar el ambiente, los mineros de León se pusieron en huelga durante el mes de noviembre contra la firma del protocolo eléctrico que en su punto número quinto garantizaba la liberalización de compra de carbón a las eléctricas y amenazaba miles de empleos. La huelga sobrepasó a los líderes mineros que quedaron suspendidos en el aire. Cortes de carretera en Bembibre y Ponferrada, duros enfrentamientos con la guardia civil, la manifestación más grande de los últimos veinte años en León, todo ello junto a la incapacidad de los secretarios de la Federación Minera de UGT y CCOO de calmar los ánimos ¾ fueron abucheados profusamente en la asamblea de 5.000 mineros celebrada en el polideportivo de Bembibre¾ obligó al gobierno y al ministro Piqué a retroceder y eliminar el punto quinto del protocolo. La victoria de los mineros animó sin duda a los trabajadores públicos.

Los dirigentes sindicales que ya en aquel momento estaban negociando secretamente la reforma laboral se vieron obligados a continuar con su plan de "movilizaciones sostenidas", mucho más después del rechazo del gobierno a modificar los presupuestos generales del Estado. Los trabajadores "pasaron" de participar en las cuchufletas que organizaron las federaciones sindicales, como las donaciones de sangre, los paros de una hora en el momento del almuerzo y cosas por el estilo. La presión en las asambleas era fortísima.

En el sector de la enseñanza, el 14 de noviembre de 1997, dos millones de estudiantes secundaron la convocatoria de huelga general lanzada por el Sindicato de Estudiantes y se celebraron las manifestaciones más numerosas desde 1991.

Fue la presión desde abajo la que obligó a los dirigentes sindicales a convocar la marcha estatal del 23 de noviembre. ¡Más de un mes después de las manifestaciones del 15 de octubre!. Aunque se había perdido un mes precioso para endurecer la movilización y haber convocado por lo menos una huelga general de todo el sector público, mientras la ley de presupuestos estaba siendo discutida en el parlamento, la respuesta fue imponente.

La marcha estatal del 23 desbordó todas las previsiones: ¡Más de 200.000 trabajadores desfilaron por el centro de Madrid! En Barcelona días después la manifestación convocada por los sindicatos fue seguida por más de 100.000 trabajadores. La fuerza, la disposición a la lucha y la voluntad de vencer al PP eran evidentes. En esas condiciones era imposible para las direcciones oficialistas de los sindicatos retroceder sin dejarse la piel ante los trabajadores.

Las cúpulas de CCOO y UGT no querían el enfrentamiento abierto con el PP. Su adaptación a la lógica del sistema y a los acuerdos de Maastricht les ata de pies y manos.

La convocatoria de huelga general de la administración pública para el 11 de noviembre fue el producto de la presión del movimiento, pero las direcciones la entendían como una maniobra táctica para aliviar la presión de la "olla". Utilizaron la huelga como una válvula de seguridad, pero no creían en ella. CCOO y UGT aceptaron los servicios mínimos abusivos impuestos por el gobierno, que provocaron en algunos sectores como sanidad, que el día 11 trabajase más gente que un día normal. Pero sobre todo su negativa a unificar la lucha de todo el sector público, con los trabajadores del transporte público (Renfe, Iberia), del metal (CSI), de la minería (Hunosa), restó fuerza a la huelga en un momento clave.

El gobierno se mantuvo firme durante toda la jornada e incluso adoptó una actitud provocadora, despreciando las cifras masivas de huelguistas y manifestantes. En realidad el PP estaba al tanto de la estrategia sindical y aunque aguantar el chaparrón de un día de huelga podría resultar incómodo, lo superarían, sobre todo si los dirigentes sindicales no tenían ninguna intención de continuar la lucha.

A pesar del boicot de los medios de comunicación, de la manipulación del gobierno, de los servicios mínimos abusivos, la huelga fue un gran éxito. Obviamente la única manera de continuar la lucha y derrotar al PP pasaba por un calendario de movilizaciones que endureciera la presión y se extendiese a otros sectores. Nada de esto sucedió por que el aparato sindical diluyó todo el movimiento.

Después del 11 de diciembre, la mesa sindical convocó una nueva "cumbre" para discutir el calendario de nuevas acciones para finales de ¡enero de 1997!. ¡Casi dos meses después de la huelga general y con los presupuestos ya aprobados en el parlamento!. Aprovechando el paréntesis de vacaciones de Navidad, se esperó a un mes más tarde para finalmente concluir la farsa con un nuevo calendario de acciones "sostenidas en el tiempo", es decir, volviendo al esquema del mes de octubre de huelgas rotativas de una hora por sectores, comunidades autónomas…

La lucha del sector público se perdió, no por falta de respuesta del movimiento obrero, sino por la actuación de las direcciones de los sindicatos. Los dirigentes perdieron mucha de la autoridad que les quedaba, si además consideramos que en 1992 hubo una huelga fracasada por los mismos motivos. En general, y no siempre se puede generalizar, los trabajadores sacaron la conclusión de que el factor fundamental de la derrota fue el papel de los dirigentes sindicales. En un sector donde el sindicalismo corporativo y amarillo tiene fuerte presencia, se perdió una oportunidad de oro para asestarle un buen golpe. De hecho la CSIF se desmarcó de la lucha después del 11, y en lugar de aprovechar la ocasión para denunciar el papel rompe huelgas de este sindicato, CCOO y UGT utilizaron su salida de la mesa sindical para justificar su renuncia a continuar la lucha.

La derrota de la movilización del sector público tiene sus consecuencias, especialmente en profundizar el desprestigio de las direcciones sindicales, comprometidas por las maniobras que han sido públicas y descaradas. Esto crea un poso de crítica hacia la derecha del sindicato. No obstante es inevitable que entre capas de trabajadores haya cundido el escepticismo y el desánimo, pero esta posición crítica, esta pérdida de confianza en los dirigentes, preludia la actitud que en el futuro mantendrán miles de trabajadores.

Entre tanto las direcciones de UGT y CCOO aprovecharon este escenario para dar un nuevo paso en su colaboración con el gobierno del PP. La negociación de una nueva reforma laboral, que había sido negada meses antes por el propio Cándido Méndez, entró en su recta final y finalmente se alcanzó el acuerdo.

La nueva reforma laboral

"Los sindicatos entraron por el aro y empiezan a hablar el mismo lenguaje que la patronal. Tras veinte años negándose a ello ayer admitieron la necesidad de abaratar el coste del despido improcedente para incrementar la contratación estable…" (Cinco Días, 12/3/1997).

Profundizando en su propia estrategia, las direcciones oficiales de CCOO y UGT culminaban un año de negociaciones secretas a espaldas de los trabajadores y la propia base de los sindicatos. Un acuerdo que a cambio del establecimiento de un nuevo contrato indefinido, mantiene casi toda la gama de contratos temporales, rebaja la indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado a 33 días con un tope máximo de 24 mensualidades y ampliar las causas objetivas de despido modificando el artículo 52-C del Estatuto de los Trabajadores, de tal forma que los despidos puedan ser considerados procedentes si "ayudan a superar" la situación económica negativa de la empresa.

Esta hace la cuarta reforma laboral desde la transición política y no debemos olvidar, que la causa de todos estos ataques continuados son las conquistas que la clase obrera arrancó durante las luchas de los años 70.

Con la reforma actual, la CEOE buscaba conseguir algo que no había logrado con la de 1994: facilitar el despido procedente. Si en 1993 las sentencias favorables al trabajador habían supuesto el 39,5% del total de los casos resueltos, en 1996 habían aumentado hasta el 40,5% de los casos. En ese mismo período las sentencias favorables a la patronal habían pasado tan solo del 14,8% al 15,6%.

Para la patronal no sólo se trata de rebajar el coste de la indemnización del despido improcedente sino de canalizar el máximo número de despidos por la vía del despido objetivo, con una indemnización mucho menor. Por otro lado la enorme precariedad de la fuerza laboral puede significar un obstáculo para la productividad en ciertas ramas de la economía; el nuevo contrato indefinido que en la práctica es precario puede resolver estas deficiencias.

Para la CEOE el objetivo central es seguir reduciendo los costes laborales unitarios, rejuvenecer plantillas aumentando la precariedad y la capacidad para extorsionar la fuerza de trabajo, imponer reducciones y topes salariales gracias a la atomización de la clase obrera y obtener suculentos beneficios gracias a las bonificaciones en las cuotas a la seguridad social que el gobierno ha aprobado para fomentar la conversión de contratos temporales al nuevo contrato "indefinido".

Al calor de todas estas "reformas" la burguesía ha logrado imponer unas nuevas relaciones laborales. Ha ganado en capacidad para aumentar los ritmos de trabajo, prolongar la jornada y reducir el salario, es decir, más plusvalía absoluta y relativa. Con la introducción complementaria de las ETT’s, el tráfico y prestamismo de fuerza de trabajo también se ha convertido en fuente de lucro. Todas estas medidas han debilitado la capacidad de respuesta colectiva inmediata de los trabajadores. Sin embargo han aumentado el odio, el resentimiento y mañana la fuerza con la que los trabajadores, especialmente los jóvenes, responderán al capital.

La desregulación laboral, la sobrexplotación, la precariedad, se reproduce cotidianamente en todo el mundo, pero no ha evitado las huelgas en Corea del Sur, en Alemania, en Francia, o en EEUU donde el victorioso movimiento de los trabajadores de UPS, es una auténtica fuente de inspiración. ¿Qué razones hay para que en el estado español las cosas sean diferentes? No podemos determinar el ritmo de los acontecimientos, pero todos estos ataques preparan una respuesta proporcional por parte de la clase obrera.