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Documentos El Militante

Presentación

Una vivienda digna es una necesidad básica para cualquier ser humano y, sin embargo, la dificultad para acceder a ella es, y ha sido, una constante para la clase trabajadora y los sectores desfavorecidos de la sociedad. A pesar del desarrollo de la técnica y de los avances espectaculares en la ingeniería, a pesar de que construir viviendas dignas y de calidad no representa ninguna dificultad para el hombre, bajo el capitalismo este problema ha estado presente de manera más o menos aguda a lo largo de su historia.

 En la juventud del capitalismo, cuando millones de campesinos expulsados de sus tierras buscaban en las industrias creadas en torno a las ciudades un medio de subsistencia, millones de personas se hacinaban en habitáculos en condiciones higiénicas deplorables. Sótanos malolientes, habitaciones ideadas en principio para servir de almacén, eran el hogar de gran parte de la clase obrera. Los barrios obreros eran pasto de continuas epidemias y enfermedades infecciosas provocadas por estas miserables condiciones.

 Podría pensarse que esta situación calamitosa, característica de los albores del capitalismo, ha dejado de producirse. Pero, por sorprendente que parezca, éstas son las circunstancias que padecen millones de hombres, mujeres y niños en Latinoamérica, África o Asia y también a la que se enfrentan cientos de miles de personas en los países capitalistas avanzados. En las condiciones del capitalismo del siglo XXI, la infravivienda no ha sido erradicada en los países desarrollados como la prensa se encarga de mostrar en numerosos informes que asoman habitualmente a sus páginas._[1] Más allá incluso de la persistencia de estas bolsas de viviendas indignas, el problema para millones de personas en el Estado español, especialmente jóvenes, radica en el hecho de que acceder a una vivienda digna sigue siendo una aspiración inalcanzable. Los espectaculares precios que han alcanzado son un obstáculo prácticamente insuperable que condena a cientos de miles de jóvenes a seguir viviendo con sus padres, ante la imposibilidad de acceder a una independencia más que merecida. Aquellos que lo consiguen, después de extraordinarios sacrificios, se ven obligados a contraer desorbitadas deudas vitalicias que consumen todos los meses un porcentaje enorme de los cada vez más menguados salarios que recibimos.

 A través del denominado “mercado inmobiliario” se esta produciendo un trasvase masivo de riqueza de la clase trabajadora a las manos de los capitalistas. El mecanismo es simple: el precio de la vivienda está por las nubes, y el trabajador paga a la empresa constructora este precio escandalosamente alto gracias a un crédito que le ha concedido el banco, el cual tendrá que devolver en 20, 30 e incluso 40 años a un determinado tipo de interés. En realidad, a través de este mecanismo de la “libre empresa”, lo que tenemos es al banco propietario de la vivienda y al trabajador pagando un astronómico alquiler prácticamente de por vida, cuyo montante final supone una cantidad mucho mayor que la escandalosa cifra que en su día se embolsó el constructor.

 Este fenómeno, que parece tan distintivo del actual período  histórico, no es nada nuevo. En su magnífico libro sobre la cuestión de la vivienda,_[2] Federico Engels ya polemizaba contra aquellos que ven en la propiedad la solución a la falta de una vivienda digna y barata: “Proudhon proponía que los inquilinos se convirtiesen en censatarios, es decir que el precio del alquiler anual sirviese como parte del pago del valor de la habitación, viniendo cada inquilino a ser propietario de su vivienda al cabo de cierto tiempo. Esta medida, que Proudhon creía muy revolucionaria, se halla practicada en todos los países por compañías de especuladores que, de este modo aumentando el precio de los alquileres, hacen pagar dos y tres veces el valor de la casa”. La diferencia con la situación actual es que la cantidad a pagar hoy supera con creces a la época que describe Engels.

 El problema de la vivienda se ha convertido, pues, en una de las grandes lacras que soportamos millones de personas bajo el capitalismo. Pero lo que parece un problema insoluble puede resolverse sobre la base de la lucha unida de la clase obrera y la juventud con un programa revolucionario que ataje las verdaderas causas de este problema endémico.

 Las recientes movilizaciones de decenas de miles de jóvenes en numerosas ciudades del país marcan el camino. Estas manifestaciones indican el profundo malestar, la indignación y también la furia que recorre la sociedad. Lo que es un derecho básico se ha convertido en una fuente de negocios para una minoría de multimillonarios. Por eso estas luchas, que aumentarán en intensidad y masividad en los próximos años, son la mejor prueba de que, bajo el capitalismo, no hay salida para los problemas fundamentales de la mayoría de la población.

 Este movimiento ha situado el debate sobre la vivienda en unos términos que han estado ocultos durante años. No es un problema de la escasez de casas, sino del control que ejerce sobre este mercado un puñado de grandes empresas. Por tanto, para que este movimiento triunfe es necesario que se dote de organización, se vincule al movimiento obrero, y se base en un programa de clase y anticapitalista. El presente documento de la Corriente Marxista El Militante pretende aportar una alternativa en este sentido y mostrar que sí existe una solución al problema de la vivienda, si vinculamos la lucha por un techo digno a otra más amplia: la transformación socialista de la sociedad.

La vivienda: un negocio para los capitalistas

Después de la IIª Guerra Mundial, la clase trabajadora de Europa occidental, a través de continuas luchas, arrancó una serie de reformas que permitieron unas condiciones de vida mínimamente aceptables para millones de personas. Por supuesto que la explotación continuó, pero en aquel contexto de auge económico y de reconstrucción de industrias e infraestructuras, la burguesía europea estuvo dispuesta a realizar toda una serie de concesiones al movimiento obrero para garantizar la paz social y la buena marcha de sus negocios. La sanidad y la educación públicas y universales, el seguro de desempleo, la jubilación, derechos laborales, incluyendo la posibilidad de acceder a una vivienda publica en régimen de alquiler a precio asequible, fueron la base sobre la que se edificó el llamado estado del bienestar. En el Estado español, sin haber alcanzado ni mucho menos el nivel de países como Alemania, Francia o Suecia, también la lucha de los trabajadores consiguió avances, especialmente tras las duras movilizaciones de los años setenta.

 Sin embargo, cuando contemplamos la situación actual del llamado “Estado de bienestar”, todas estas conquistas están siendo destruidas en todos los países. Cualquier sector o servicio público en el que los capitalistas atisben la posibilidad de obtener beneficios, se convierte en una pieza codiciada para exprimirla hasta la última gota.

Las medidas para privatizar la sanidad, la educación o el sistema de pensiones se han multiplicado, paralelamente a una ofensiva para eliminar paulatinamente derechos laborales históricos.

 En esa misma línea, los capitalistas han presionado para desplazar al Estado del “mercado de la vivienda” porque supone un negocio fabuloso del que obtienen ingentes beneficios y al que no están dispuestos a renunciar. Este fenómeno que es universal, en el caso del Estado español adquiere proporciones asombrosas. Así, las Viviendas de Protección Oficial estatal (VPO) han desaparecido prácticamente del país (2.000 viviendas construidas de VPO al año ha sido la media desde 1999), y tras ella se ha producido una caída en picado de las VPO de iniciativa privada. En conjunto la VPO y las viviendas sociales que representaban en 1973 el 34,3% del total, en nuestros días representan un patético 4%.

 Por otro lado la administración pública a todos los niveles (central, autonómica y municipal) ha colaborado en esta orgía especulativa en torno al mercado inmobiliario, recalificando los terrenos que más interesan a las grandes empresas y otorgando toda clase de facilidades para que estos parásitos realicen sus negocios. Sobre todo los ayuntamientos han utilizado esta política de venta masiva de terreno como una fuente fundamental para su financiación: el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ha cuadruplicado desde 1999 sus ingresos por venta de suelo público.

 Estas prácticas, que no generan ninguna riqueza social, fomentan todo tipo de corruptelas, sobornos, tráfico de influencias, etc. Todo el mundo sabe que “Marbellas” hay muchas repartidas por toda la geografía española. Andratx en Mallorca, Seseña en Toledo, Ciempozuelos en Madrid… son tan sólo la punta del iceberg. Y esta corrupción, a pesar de la imagen que transmiten los medios de comunicación, no es fruto de la acción malévola de una minoría de concejales, funcionarios y empresarios venales y ambiciosos, sino la consecuencia de una trama de intereses inherentes al funcionamiento del sistema capitalista.

¿De dónde surge este crecimiento descontrolado de la especulación y del precio de la vivienda? El control prácticamente absoluto que los empresarios y banqueros tienen del sector inmobiliario es el elemento central que ha provocado el escandaloso incremento de los precios de la vivienda de los últimos años. Los datos son escalofriantes: en términos reales, el precio de la vivienda creció casi 14 veces más que los salarios en los últimos 17 años, según un informe de CCOO anualizando el período de 1987—2004. Así, el precio medio de los pisos en ese período creció más de un 130% mientras que los salarios aumentaron un 9,6%. Y aunque el ritmo de crecimiento de los precios se ha ralentizado, éstos siguen en general aumentando. El precio medio por metro cuadrado alcanzó en el primer trimestre de 2006 los 1.916,13 euros y en el tercer trimestre de este mismo año el precio de la vivienda aumentó una media del 9,8%.

Burbuja inmobiliaria y crecimiento económico

El crecimiento económico que desde hace más de una década viene experimentando la economía española, encuentra en la construcción y en el consumo a sus principales motores. El “ladrillo” aporta ya el 18% del Producto Interior Bruto (PIB). El desarrollo de la construcción como locomotora económica se explica por la concurrencia de toda una serie de factores, que combinados, han generado una enorme burbuja inmobiliaria. El Estado español no es el único país en el que este fenómeno se ha producido. Gran Bretaña, EEUU, o Irlanda, por citar algunos de los más destacados, han basado su crecimiento, en un porcentaje importante, en el sector inmobiliario. La sobre valoración del sector es un hecho que todos los economistas denuncian y cuando esta burbuja estalle (y no hay duda de que lo hará), situará al conjunto de la economía mundial, y especialmente a la de estos países incluido el Estado español, en una muy difícil situación.

 La demanda de vivienda, natural por otra parte si tenemos en cuenta que estamos refiriéndonos a una necesidad básica, en un contexto en el que otros sectores de la producción se encuentran sometidos a una fuerte competencia y necesitan de grandes inversiones para ser rentables, ha contribuido significativamente a la orientación de capitales al sector de la construcción. Por otro lado la coyuntura económica de expansión del mercado laboral y los bajos salarios que se están pagando, unido a unos tipos de interés inusualmente pequeños en los años precedentes, han aportado su grano de arena para ampliar el mercado inmobiliario. A su vez, los incesantes incrementos de los precios de la vivienda alimentados por el monopolio de las grandes empresas que dominan el sector y la fuerte demanda, propicia amplios márgenes de beneficios que han atraído al sector las inversiones, en un alto porcentaje de carácter especulativo.

Y por fin otro elemento digno de mención ha sido el afloramiento de dinero negro en torno a la implantación del euro que ha encontrado en la especulación urbanística un paraíso para “limpiarse” y a su vez aportar suculentos beneficios.

 Desde los gobiernos no se ha hecho absolutamente nada por acabar con esta espiral especulativa que pagan las familias trabajadoras endeudándose hasta las cejas. Al contrario, tanto los gobiernos de Felipe González, como especialmente el de José María Aznar, dieron rienda al florecimiento de la especulación. Al fin y al cabo su razonamiento siempre fue que lo que es bueno para los empresarios es bueno para el conjunto de la población, un axioma que ha demostrado ser absolutamente falaz. Desde el punto de vista de la legislación, esta orgía especulativa recibió un espaldarazo definitivo con la ley del suelo aprobada por el PP en 1998. Esta ley disponía la liberación completa del suelo, de tal manera que todo el suelo (salvo el expresamente sujeto a ciertas figuras de protección medioambiental), era susceptible de ser urbanizable. La filosofía de la derecha, de cuanto más suelo en el mercado más oferta y por lo tanto menos precio, se ha convertido en una burla para millones de personas y en el mejor medio para hacer más fácil que las grandes empresas puedan acaparar suelo y llenarse los bolsillos.

Beneficios para unos pocos, sacrificios para la mayoría

En estas condiciones se han forjado los inmensos beneficios de las grandes constructoras y los grandes bancos. Así FCC (Fomento de Construcciones y Contratas), en la primera mitad de 2006 alcanzó un beneficio neto de 258,5 millones de euros, un 33,9% más con respecto al mismo período del año anterior. Ferrovial y ACS, por su parte, obtuvieron un incremento de beneficios en el mismo período del 19,8% y del 38% respectivamente. Los beneficios de la banca alcanzaron en los primeros seis meses de 2006 los 8.162 millones de euros, un 48,7% más que en el mismo período de 2005, acaparando el Santander y el BBVA el 80% de estas ganancias. Por su parte las Cajas de Ahorro también están haciendo su agosto. Sus ganancias fueron en ese mismo lapso de tiempo de 3.897 millones de euros, un 23,28% más.

 Naturalmente no todo este beneficio, tanto de las constructoras como de los bancos y cajas de ahorro, proviene del mercado inmobiliario, pero lo que no se puede negar es que hace un aporte decisivo al montante final de estas astronómicas ganancias. Mientras lo que para un reducido puñado de especuladores supone su particular Eldorado, para millones de familias se trata en una pesadilla.

 Como ya hemos señalado, muchos jóvenes se ven obligados a seguir viviendo con sus padres; los altos precios de la vivienda tanto en propiedad como en alquiler son obstáculos demasiado grandes para poder ser superados por los sueldos que hoy ganamos los jóvenes y los trabajadores en general. Para los que con mucho esfuerzo pueden adquirir una vivienda (ya sea en alquiler o en propiedad), la situación no es mucho mejor. Según distintos estudios, hoy se destina de media el 70% del salario neto mensual para el pago de la vivienda y hay que ahorrar una media de 15 años antes de poder embarcarse en la compra de una casa.

 Las deudas de las familias a causa de la adquisición de una vivienda crecieron en el primer semestre de 2006 un 23% con respecto al mismo período de 2005, alcanzando los 526.310 millones de euros. Este endeudamiento tremendo supone una espada de Damocles sobre la economía de millones de familias extremadamente vulnerable a cualquier cambio en la coyuntura económica y que a duras penas pueden llegar a final de mes. Variaciones en los tipos de interés (la inmensa mayoría de las hipotecas están firmadas a tipos de interés variable) o en el nivel de empleo se pueden convertir en una tragedia para millones de personas. De hecho la tendencia actual es claramente alcista en lo que a los tipos de interés se refiere. En septiembre de 2006 el Euribor alcanzó el 3,715%, 1,5 puntos más que en el mismo mes de 2005. Este aumento ha supuesto el encarecimiento de la cuota mensual de una hipoteca media en 123 euros. La previsión, según algunos analistas es que el Euribor llegue en poco tiempo al 5%.

 Gracias a las hipotecas que, por ahora, pagan religiosamente las familias, los bancos y las caja de ahorro se aseguran un jugoso negocio a largo plazo, mientras que constructoras e inmobiliarias han podido duplicar su tamaño en poco tiempo, financiar su expansión internacional y acometer compras multimillonarias. El saqueo que están sufriendo las familias trabajadoras es de proporciones históricas. Son las rentas del trabajo, los salarios del presente y los que los trabajadores van a ganar en las próximas décadas, las que soportan el crecimiento del sector y los ingentes beneficios del negocio inmobiliario.

La gallina de los huevos de oro

Los capitalistas han encontrado en el sector de la construcción a su gallina de los huevos de oro y la están exprimiendo despiadadamente. El sector está absolutamente sobredimensionado y amenaza con arrastrar a toda la economía cuando la burbuja estalle. El ritmo de construcción de viviendas se ha desbocado por completo: entre 1980 y 2003 se construyeron un total de siete millones setecientas mil viviendas, mientras que el número de hogares sólo se incrementó en dos millones setecientos cincuenta mil.

 En el año 2005 se construyeron 800.000 nuevas viviendas, la misma cantidad que se edificaron en Alemania, Francia y Gran Bretaña juntas en el mismo período. Pero esta oferta tan grande de nuevas casas no ha provocado la caída de los precios ni ha permitido el acceso a un techo digno a millones de personas, tal como habían afirmado los dirigentes del Partido Popular que ocurriría. ¿Qué ha sucedido realmente?

 Fernando Trías, profesor de ESABE, se hacía la siguiente pregunta en un artículo de opinión publicado en el diario El País el 17 de noviembre de 2006: “¿Por qué tras liberalizar millones y millones de metros cuadrados de suelo no bajan los precios? ¿Por qué, si se construyen casi 900.000 pisos al año los precios aún suben?”. La respuesta a esta pregunta es evidente: la causa básica de esto se debe al férreo control que los capitalistas ejercen sobre el sector. El autor del artículo mencionado también coincide con esta opinión, pero dejemos que sea él mismo quien se explique: “Si millones de metros cuadrados siguen en manos de unos pocos, éstos seguirán especulando con el ritmo al cual sacan pisos al mercado y controlando los precios”; y prosigue nuestro especialista: “Los pisos son manzanas que no se pudren y que los bancos financian a muchos años vista, así que los sacan al mercado al ritmo que les conviene, no vaya a esfumarse el negocio del siglo.”

 Se puede decir más alto pero no más claro. Este control capitalista del mercado de la vivienda es precisamente lo que hay que eliminar si realmente queremos solucionar el problema.

Mantener el negocio a toda costa

Estamos ante un crecimiento urbanístico desbordado, depredador de recursos, sobre todo en zonas protegidas, donde las costas son las principales afectadas. El 34% de todo el litoral mediterráneo está ya ocupado en su primer kilómetro por urbanizaciones. Y esto es sólo el principio. Los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) aprobados o en preparación en los municipios costeros, contemplan recalificaciones para multiplicar por tres los actuales núcleos urbanos. En estos años, con el beneplácito de la legislación, se ha provocado una catástrofe medioambiental pero también una situación insostenible en materia de abastecimiento de aguas, servicios, comunicaciones, etc.

 Es evidente que el sector está absolutamente sobredimensionado y amenaza con arrastrar hacia una profunda recesión a toda la economía cuando se produzca el inevitable estallido de la burbuja inmobiliaria. Al igual que las burbujas especulativas del pasado, la actual ola de construcción de viviendas también alcanzará sus límites y llegará a su final. Aún no sabemos si ese final será lo que los economistas llaman un “aterrizaje suave” o si se parecerá más al hundimiento bursátil que puso fin al boom de las empresas tecnológicas y de Internet hace menos de una década. La subida que se está produciendo de los tipos de interés está encendiendo todas las luces de alarmas, no solo entre los millones que están atados a las hipotecas, también entre los capitalistas que temen una caída rápida de la demanda y un hundimiento de los precios. A la vez los bancos temen que el número de trabajadores que dejen de pagar sus cuotas mensuales se dispare; esto se agravaría indudablemente con una contracción, aunque no fuera demasiado fuerte, del mercado de trabajo.

 El nivel de endeudamiento de las familias, antes señalado es insostenible y mucho menos con la trayectoria plana que viene mostrando la evolución de los salarios en los últimos años. Bastaría una pequeña recesión, similar a las muchas recesiones que hemos conocido en décadas pasadas con el consiguiente incremento del desempleo, para que la posición de muchas familias trabajadoras llegase a ser angustiosa.

 Preparándose ante esta perspectiva, la banca española ha adoptado toda una serie de medidas para intentar asegurarse que las familias endeudadas sigan llenando con su esfuerzo el saco sin fondo de sus beneficios multimillonarios. Una de ellas es el recorte de las cuotas mensuales a cambio del alargamiento de los plazos de amortización de los créditos inmobiliarios, ¡hay entidades que ya han lanzado hipotecas a 50 años! Las hipotecas a interés variable mantienen bien atadas a millones de familias y los bancos controlan mecanismos poderosos para fortalecer esas cadenas. Frente a lo que mucha gente cree, el Euribor no es un índice fijado por una autoridad monetaria, como podría ser el Banco Central Europeo (BCE). El Euribor no es más que la media aritmética de los tipos de interés al que se ofrecen dinero entre sí los 64 principales bancos europeos y es directamente la Federación Bancaria Europea quien se encarga de su publicación; en definitiva, el Euribor lo fijan los bancos, lo que les permite graduar la presión sobre las familias endeudadas para conseguir que paguen hasta el límite máximo de su capacidad.

 Sea como sea, lo que sí podemos asegurar es que al final de la burbuja inmobiliaria las grandes constructoras y los grandes bancos, que en estos momentos comparten propiedades y acciones, intentarán pasar por la crisis del sector sin siquiera despeinarse. Para prepararse para esa eventualidad están reinvirtiendo sus beneficios en otros sectores económicos, al mismo tiempo que aceleran el proceso de fusiones en el sector con vistas a facilitar en el futuro los “inevitables” recortes de plantilla. El último ejemplo de esta estrategia ha sido el desembarco de las grandes constructoras en el sector de la energía durante el último cuatrimestre de 2006. Sacyr—Vallehermoso ha tomado posiciones en la petrolera Repsol—YPF, mientras que otras de las grandes han optado por el sector eléctrico. Así, Acciona, de la familia Entrecanales tan vinculada al régimen de Franco, se ha hecho con una buena parte de las acciones de Endesa al calor de la OPA de E.on. ACS, uno de los principales responsables de los desmanes urbanísticos de Madrid de los últimos años, ha entrado simultáneamente en Iberdrola y en Unión FENOSA, para asegurarse una mejor participación en la reordenación del panorama eléctrico español. Naturalmente, y como era de esperar, apenas unos días después de estas adquisiciones bursátiles se ha empezado a hablar de la “necesaria” revisión, por supuesto al alza, de las tarifas eléctricas.

 Este efecto de la afluencia de capitales especulativos a sectores con una demanda garantizada como es el de la energía, es la mejor demostración de la verdadera naturaleza del capitalismo. El sector eléctrico aplica tarifas que, según nos dicen, no cubren los costes de producción, pero al mismo tiempo y en solo unos días, en ese sector se generan plusvalías bursátiles de miles de millones de euros. Si alguien se pregunta de donde va a salir el dinero de esos beneficios tan gigantescos, la respuesta es clara: de los incrementos de tarifa de la luz que las familias trabajadoras vamos a empezar a pagar dentro de muy pocos meses.

 En resumen, las grandes empresas constructoras, después de haber extraído beneficios históricos de la construcción de viviendas, trasladan una parte de su negocio a otros sectores vinculados a las necesidades básicas de las familias, como la energía eléctrica, el agua y otros semejantes, para continuar por la misma senda de enriquecimiento ilimitado a costa de los trabajadores. Dicho en otras palabras, están dedicando a la pura especulación en Bolsa las inmensas cantidades de dinero que han conseguido a costa del sudor, del esfuerzo, de los sacrificios y de las privaciones de miles de familias trabajadoras, que se han embarcado en la compra de una vivienda en los últimos años y del esfuerzo, sudor y, literalmente la sangre (según CCOO en 2006 murieron 293 trabajadores en “accidentes” en las obras), de los cientos de miles de trabajadores del sector.

Cómo aborda la socialdemocracia la cuestión de la vivienda

El 14 de marzo de 2004, el PSOE ganó las elecciones aupado por un movimiento impresionante de millones de trabajadores y jóvenes en todo el Estado. Años de descontento y lucha contra el PP, en el que el conjunto de la clase trabajadora y la juventud protagonizó manifestaciones de millones contra la guerra imperialista, el desastre ecológico del Prestige, las reformas educativas, el Plan Hidrológico, y en la gran huelga general del 20 de junio de 2002, encontraron una expresión electoral.

 Para sectores importantes de trabajadores renacía la esperanza de que el gobierno encabezado por Rodríguez Zapatero abordaría seriamente la resolución de nuestros problemas centrales. Los trabajadores por fin habíamos echado al PP y las expectativas para ver cuáles iban a ser las medidas que el gobierno del PSOE iba a aplicar para mejorar nuestras condiciones de vida eran muy grandes. Entre ellas, el acceso a la vivienda y la contención de esta fiebre especuladora despertaba claras ilusiones. Así y respondiendo a esa demanda, una de las primeras iniciativas del gabinete de Zapatero fue la de elaborar un plan para la vivienda.

 Dentro de este plan de actuaciones, el nuevo gobierno propuso la creación de un ministerio de la vivienda que, supuestamente, adoptaría toda una serie de medidas de choque para paliar el problema. Pero ha transcurrido más de la mitad de la legislatura y estas medidas se han manifestado no sólo insuficientes, sino incapaces de cambiar la tendencia del mercado. Lo que más trascendió de estas medidas fueron los ya tristemente famosos pisos de 30 metros cuadrados para los jóvenes, una broma cruel para millones de jóvenes y familias trabajadoras que observan cómo la posibilidad de acceder a una vivienda pública digna es una esperanza vana. Pero para ser justos con la ministra de vivienda, el paquete de medidas era más amplio.

 Los objetivos marcados eran la incorporación al mercado de alquiler de 105.000 viviendas, además de facilitar el acceso a la vivienda a 730.000 familias entre 2005 y 2008. Estos objetivos, según sus propios cálculos, cubrirían el 40% de las necesidades, con lo que incluso, sobre el papel, la solución del problema se presentaba para un futuro bastante lejano. Pero la decepción ante estos planes tan poco ambiciosos se hizo patente cuando en los presupuestos de 2006 se concretaron los recursos para llevarlos a la práctica.

 Un análisis detallado de la partida presupuestaria destinada a desarrollar el plan de vivienda, nos confirma que ésta es absolutamente insuficiente y su distribución no llega ni siquiera para cumplir una pequeña parte de estos, ya de por sí modestos, objetivos. Así, el 41% del presupuesto se destina a ayudas de hasta 10.000 euros para la entrada en la compra de pisos. Es decir, la partida principal del presupuesto sirve para garantizar nuevos hipotecados con los bancos y ayuda a que se mantengan los precios disparatados. Para cubrirse formalmente las espaldas, el presupuesto también consigna subvenciones para alquileres a menores de 35 años y para los arrendadores, y se crea la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), que actúa como intermediario entre el arrendador y el arrendatario. La SPA, en su primer año de funcionamiento, gestionó la firma de ¡¡¡1.000 contratos de alquiler en todo el país!!!. Esta cifra es absolutamente ridícula y, según sus propios datos y estudios, no supone más del 2% del mercado de alquiler.

 El drama de la vivienda continúa exactamente igual que antes de la llegada del PSOE al gobierno. Recientemente, el diario El País del 1 de octubre de 2006 publicaba un artículo en su sección de Madrid titulado: “Mileurista busca piso…y no lo encuentra.” En él un periodista se mete en la piel de un joven que inicia su periplo particular para conseguir una vivienda en alquiler a través de esta Sociedad. La conclusión es demoledora: “Una impresión general: las agencias de alquiler públicas o bien son de utilidad para los que no necesitan ayuda porque ya disponen de una renta suficiente para alquilar en el mercado libre o bien remiten al solicitante a un futuro incierto en el que dicen —te llamaremos cuando encontremos algo que se ajuste a tus necesidades—”.

 En cuanto a los requisitos para acceder a las ayudas para alquilar son imposibles de cumplir sobre todo para los que buscan alquilar en las grandes ciudades. La persona que pretende alquilar un piso de 60 metros cuadrados sólo tiene derecho a apoyo económico si el alquiler no sobrepasa los 531 euros mensuales. Y, según relata el artículo, “El funcionario de turno nos explicará resignado que encontrar esto en el mercado libre en todo Madrid es imposible”. En Madrid sin ir más lejos una familia media gasta 890 euros en alquiler al mes.

 La otra medida de “choque” aprobada por el gobierno del PSOE ha sido la nueva ley del suelo. Esta plantea, como aspecto destacado, que un 25% de viviendas de una actuación urbanizadora se destine a vivienda protegida. Otro segundo aspecto de la ley tiene como objetivo reducir el precio del suelo. La ley del suelo del PP plantea para el cálculo del valor del suelo el método del valor residual, que viene a decir ¿Cuánto valdría este suelo si ya hubiese viviendas construidas? Se toman los precios actuales de los pisos y se hace un cálculo para determinar el correspondiente valor del terreno. En otras palabras, en el momento de su recalificación el suelo entra en el mercado a precios máximos, dando alas a la especulación y al alza de los precios de la vivienda. La nueva ley del suelo recoge sustituir el cálculo de valor residual para establecer el valor del suelo, por el su valor actual. Y el tercer aspecto más destacable recogido en la nueva ley del suelo plantea que entre el 15% y el 20% de las plusvalías vayan a la administración para financiar viviendas protegidas.

 Todo este paquete de medidas no va a solucionar nada porque no ataja el problema de raíz. Pero dejemos que sea, una vez más la voz “autorizada” de Fernando Trías el profesor de ESABE, quien lo explique. Por ejemplo, respecto a ese 25% de viviendas protegidas que se deben destinar en cada actuación urbanística, el especialista señala: “¿Qué va a pasar con el 75% restante? Muy sencillo, los promotores les aplicarán el margen que dejarán de percibir en las protegidas. Habrá más viviendas protegidas, de acuerdo, pero como igualmente no habrá para todos, se perjudicará a quienes no las obtengan, personas obligadas a acudir al mercado de viviendas libres.” Más claro el agua.

 Sobre la medida de sustituir el cálculo residual, nuestro especialista afirma: “Es igualmente absurda. Si millones de metros cuadrados siguen en manos de unos pocos, estos seguirán especulando con el ritmo al cual sacan pisos al mercado y controlando los precios. En España, solo 15 constructoras tienen cartera de suelo para abastecernos con un millón y medio de pisos.” Y que quede claro que el profesor no es marxista sino docente en una prestigiosa escuela de negocios.

 Finalmente en cuanto a la tercera, nuestro profesor de ESABE es contundente:”Será también contraproducente. Es como decir que un 20% de la especulación será…¡para reducir la especulación! ¡No tiene sentido!”.

 Cuando nos encontramos en la recta final de la legislatura, estamos en condiciones de afirmar que en la cuestión de la vivienda, como en otros muchos aspectos, la política del gobierno Zapatero no ha servido para avanzar ni un milímetro en la solución de un problema fundamental que afecta a la mayoría de los trabajadores y la juventud.

 Aceptando la lógica del mercado capitalista, renunciando a arrebatar el mercado de la vivienda del control asfixiante que ha impuesto un puñado de grandes constructoras y bancos, el gobierno de Rodríguez Zapatero está renunciando a aplicar una política socialista. Ésta es la pura verdad. Y este aspecto no está aislado. Lamentablemente la política general del gobierno está permitiendo que las grandes empresas, los grandes bancos, los grandes especuladores sigan amasando fortunas a manos llenas mientras las condiciones generales de la mayoría de la población empeoran. Nuestros salarios son cada vez más bajos y no soportan el crecimiento de los precios; al tiempo las jornadas laborales se alargan y los ritmos de producción se intensifican. La estabilidad en el empleo ha desaparecido y, a pesar de toda la propaganda, la precariedad crece constantemente. Por otro lado los servicios sociales públicos siguen deteriorándose y sigue avanzando el proceso de privatización que viene desarrollándose desde hace años. En este contexto la posibilidad de acceder a una vivienda digna y que esta no suponga una sangría para las exiguas economías familiares, sigue pareciendo un sueño utópico.

 Esta lógica, que es la consecuencia inevitable de aceptar resignadamente las reglas de la “economía de mercado”, sirve también para valorar la gestión de gobiernos autonómicos y municipales en los que, además de participar el PSOE, lo hace también IU. Una vez constatado este hecho se hace imprescindible señalar cuales son los motivos por los que las organizaciones de izquierda no acometen medidas que sirvan realmente para solucionar el problema de la vivienda: porque se limitan, en el mejor de los casos, a aplicar paños calientes que para lo único que sirven es para que todo siga igual. Y esto es necesario si queremos presentar una alternativa real y viable, que de una vez por todas sirva para acabar con el problema de la vivienda.

Hay que romper con el capitalismo

Las direcciones tanto del PSOE como de IU, al igual que los dirigentes de los sindicatos CCOO y UGT, insisten constantemente en defender políticas “realistas”; para ellos el sistema de “libre empresa” es el único sistema posible y la lucha por la transformación radical de este sistema pertenece al “pasado”. La aspiración máxima de muchos de estos dirigentes es la de gestionar el capitalismo de forma que, a la vez que los capitalistas obtienen suculentos beneficios, los trabajadores y la mayoría de la población mejoremos nuestras condiciones de vida. Muchos de estos líderes, entre los que destaca por derecho propio José María Fidalgo, actual Secretario General de CCOO, se consideran a sí mismos “hombres de Estado” que con su moderación y pragmatismo consiguen sacar al país adelante.

 Pero la propia lógica del sistema es más poderosa que las intenciones de estos dirigentes de las organizaciones obreras. El capitalismo necesita para funcionar que los empresarios obtengan beneficios porque es un sistema económico que se basa en el lucro, no en resolver las necesidades de la mayoría de la sociedad. Bajo el capitalismo, las palancas fundamentales de la economía, esto es, los grandes medios de producción y los recursos financieros, están en manos de los empresarios. Por tanto la economía funciona en la medida que los capitalistas, que poseen estos medios, deciden invertir y esta inversión no la determina ningún plan social, sino la obtención de beneficios y cuantos más mejor. En esto consiste la economía de mercado.

 A un capitalista le es indiferente lo que produce y la riqueza que genera con tal de que la cuenta de resultados marque una tendencia ascendente. Si resulta que puede obtener beneficios fabulosos sin invertir ni un solo euro en la producción, es decir, especulando con el capital, lo hace sin ningún género de dudas. En la actualidad el capital especulativo, que no genera riqueza ni empleo, mueve diariamente cinco veces más que el capital invertido en la manufactura. Esto explica por qué en estos años una parte considerable del capital se ha orientado a especular en el sector inmobiliario: las plusvalías obtenidas en un espacio de tiempo muy corto son realmente espectaculares.

 En el caso del Estado español, como ya hemos señalado, la construcción se ha convertido en uno de los pilares del actual crecimiento económico y una de las principales fuentes a través de las cuales los grandes empresarios obtienen beneficios. Para la burguesía y, por tanto, para el funcionamiento del capitalismo, la cuestión de la vivienda se ha convertido en un asunto estratégico. El sistema necesita que el sector de la vivienda siga controlado con mano firme por los capitalistas, pues la pérdida de este control colocaría en grave peligro los grandes beneficios acaparados. Si eso ocurriese, los capitalistas obviamente dejarían de invertir en el sector, creando una amenaza para el conjunto de la economía del país.

 Atrapado por las leyes que rigen la gestión del capitalismo, el gobierno del PSOE lejos de atacar el control que los capitalistas ejercen sobre el sector de la construcción y los altos precios de la vivienda, tiene precisamente entre sus preocupaciones la posibilidad de que estos se hundan y que este hecho reduzca drásticamente los beneficios empresariales; por tanto su objetivo pasa, como ha subrayado en numerosas ocasiones el ministro de economía Pedro Solbes, por mantenerlos a toda costa.

 No es sólo ya que el Estado pueda o no contar con los recursos necesarios para dar una solución a la cuestión de la vivienda, es en esencia la propia naturaleza y el actual estadio en el que se encuentra el capitalismo el que impide abordar una salida dentro de los márgenes de la economía de mercado.

 La mayoría de los dirigentes de las organizaciones tradicionales de la izquierda, en cuyo horizonte político no hay más alternativa que la gestión “progresista” del capitalismo, se encuentran atrapados en una contradicción irresoluble: para aplicar medidas que realmente solucionen el problema de la vivienda, estas deben ir encaminadas a arrebatar el sector de las garras de los grandes monopolios de la construcción y la gran banca, sacar la vivienda del mercado capitalista y que sea el Estado el que, dotándose de los recursos materiales y humanos que ya existen, acometa la tarea de garantizar el acceso a la vivienda a las familias trabajadoras a un coste que no suponga una sangría económica intolerable.

 Llegados a esta cuestión, los dirigentes reformistas de las organizaciones obreras topan con una muralla infranqueable para ellos, la de los límites objetivos del sistema capitalista. Pero desde el punto de vista de los intereses de la mayoría de la sociedad, la existencia de esta muralla no significa que el problema no tenga solución sino que confirma la incapacidad del sistema capitalista para dar solución a necesidades básicas y fundamentales del ser humano. Engels explicaba lo siguiente en sus artículos sobre el problema de la vivienda: “Mientras exista el modo de producción capitalista, será absurdo querer resolver aisladamente la cuestión de la vivienda o cualquier otra cuestión social que afecte la suerte del obrero. La solución reside únicamente en la abolición del modo de producción capitalista, en la apropiación por la clase obrera misma de todos los medios de subsistencia y de trabajo”.

 Si la lógica del funcionamiento del sistema capitalista impide solucionar una necesidad básica como es la vivienda, es necesario romper con esta lógica.

La estafa de la propiedad

La vivienda es un derecho elemental, y al igual que la sanidad o la educación debe ser el Estado el que garantice su acceso para la mayoría de la población. La clase obrera ha luchado históricamente por una red sanitaria y educativa de propiedad estatal a través de la cual la mayoría de la población pudiera disfrutar de estos servicios básicos, y toda la experiencia ha demostrado que sólo ha sido posible universalizar estas prestaciones cuando han existido estas redes públicas y se han dotado de los recursos suficientes.

 Si nos basamos en los intereses generales de la población y no en los beneficios de un puñado de capitalistas, la cuestión del acceso a la vivienda debe ser abordada desde el mismo punto de vista que otras necesidades sociales fundamentales. Al igual que exigimos una educación y una sanidad públicas y de calidad, reivindicamos una red de viviendas propiedad del Estado que garantice, a cualquier persona o familia que lo necesite, una vivienda en régimen de alquiler y que la cuantía de este no signifique un lastre para la economía de los trabajadores.

 En los últimos años, el abandono de cualquier posición de clase por parte de los dirigentes de las organizaciones tradicionales de la izquierda, (sindicatos y partidos obreros) se ha concretado, en el terreno de la vivienda, en aceptar el dominio sacrosanto de las grandes inmobiliarias y la gran banca. Esto no es una casualidad. Es la consecuencia lógica del abandono de una política socialista en todos los demás asuntos que interesan a las masas trabajadoras. 

Uno de los aspectos más visibles de este abandono ha sido aceptar, activamente, que la única alternativa para los obreros y sus familias es convertirse en propietarios de vivienda. De esta manera han dejado el camino libre para encadenar a millones de familias trabajadoras, de por vida, con la gran banca. Para los capitalistas, la “propiedad” de la vivienda se ha convertido en una bicoca, en una forma fácil y rápida de llenar la cartera con miles de millones de euros.

 Con la idea de que la propiedad es la única salida, en un mercado en que no existe un parque público de viviendas en alquiler que merezca tal nombre, han fortalecido la salida individual frente a un problema que sólo puede tener solución a través de la acción colectiva de la clase obrera.

 Una de las batallas históricas que el movimiento obrero ha librado contra la burguesía, el acceso a un techo digno a un precio asequible, ha sido abandonada por los dirigentes de la izquierda en beneficio de otra: convertirnos en propietarios como única forma de acceder a un techo digno. Pero en realidad esta propiedad, sea a través del mercado libre, sea a través de las cooperativas de vivienda, no suponen otra cosa que la forma encubierta de pagar un altísimo alquiler a la banca, con intereses muy superiores al precio real de la vivienda, a lo largo de toda la vida útil del trabajador y de sus descendientes. Es lo mismo que si por acceder a la enseñanza, a la sanidad o a la jubilación, los trabajadores tuvieran que desembolsar una parte sustancial de sus salarios, y que estos derechos fueran campo privado de las grandes empresas. Esto que es una realidad desde hace décadas en EEUU y América latina, es el modelo que los capitalistas de Europa occidental quieren imponer lo más rápido posible.

 Los marxistas jamás hemos inscrito en nuestra bandera el derecho a la propiedad de la vivienda como la alternativa para resolver la escasez de la misma que sufre la clase obrera. Este ha sido siempre el programa del reformismo, y de todas las tendencias “filantrópicas” de la izquierda.

 Es un lugar común escuchar a estos sectores, como una justificación para fomentar la propiedad de la vivienda, que el alquiler es más caro que la propiedad, y que además con los tipos de interés tan bajos (ahora claro están incrementándose y lo van a hacer más en el futuro), es mucho mejor comprar una casa. De esta manera eres “propietario” y no entregas tu dinero a un casero. Esta es una forma más de jesuitismo e hipocresía al que nos tienen acostumbrados los reformistas. En primer lugar es falso que el trabajador sea el propietario. En realidad el propietario es el banquero, y el trabajador está a merced de él en cualquier momento. En segundo lugar, como hemos señalado, el trabajador paga un sobre alquiler de por vida para acceder a la “propiedad” de la casa, de tal manera, que su vida activa se convierte en una hipoteca general que le condiciona a pagar el recibo del mes. En tercer lugar, de esta manera jamás se resolverá el problema del acceso a una vivienda digna para las masas de la clase trabajadora, cuyo poder adquisitivo depende de las fluctuaciones de la economía capitalista.

 Engels ya explicó hace más de 100 años, en un magnífico escrito sobre la vivienda, por qué nuestra alternativa no puede ser hacer a todos los trabajadores “propietarios”. Esta es la trampa del gran capital. Es la misma demagogia que individuos como Tony Blair utilizan, tomando prestados los términos de la Tatcher, cuando defienden sus teorías sobre el capitalismo del pueblo y la redistribución de la propiedad gracias a la incorporación de los trabajadores al accionariado de las empresas. Un auténtico cuento para niños.

 Lo cierto es que en muchos trabajadores ha calado la idea de que ser propietario de su vivienda es la solución y una garantía de estabilidad. Esto se ha producido, además de por los factores antes explicados, por las propias características del mercado de alquiler en el Estado español; las viviendas ofrecidas en alquiler son pocas y a precios desorbitados; es más, a medida que el boom de la vivienda se agota, inmobiliarias y bancos están poniendo sus ojos en el mercado de alquiler y pronto veremos como este sector se convierte en el nuevo botín de la especulación inmobiliaria. Por otro lado, el hecho de que en base a las leyes que regulan el alquiler, el arrendatario cada poco tiempo pueda sufrir cambios radicales en las condiciones de su contrato o incluso verse obligado a abandonar la vivienda, fortalece esa sensación de inseguridad y refuerza la tendencia a ver en la propiedad de la vivienda la solución.

Una alternativa marxista al problema de la vivienda

Sólo si el Estado garantiza el acceso a una vivienda digna en alquiler con contratos duraderos y precios que no superen el 10% del salario medio de un trabajador, lo que hoy es una tragedia para millones de personas puede resolverse en beneficio de la mayoría. Pero para que el Estado pueda convertirse en el garante de una vivienda digna para el que la necesite, y construya un gran parque de viviendas públicas en alquiler, es imprescindible que disponga de los ingentes recursos que actualmente se están dedicando a la construcción especulativa y a las inversiones bursátiles.

 El problema de la vivienda no reside en la ausencia de casas disponibles, ni mucho menos en la carencia de medios para construirlas, nunca antes se había construido tal número de casas en todo el Estado español; de hecho se estima que hay casi tres millones de viviendas que permanecen desocupadas a la espera de una buena oportunidad de venta. Tampoco reside en la escasez del suelo; millones de metros cuadrados están en poder de las grandes inmobiliarias. La clave del problema radica, como hemos explicado a lo largo de este documento, en el férreo control que los capitalistas ejercen sobre el sector.

 Frente a los gigantescos beneficios que están obteniendo, para estos señores las necesidades reales de vivienda de millones de personas son irrelevantes. Por eso es necesario entender que es absolutamente imprescindible arrebatar el control del mercado inmobiliario a este puñado de monopolios y banqueros.

 Los marxistas proponemos, como primera medida, la nacionalización de las grandes constructoras y empresas inmobiliarias. Estas empresas han construido sus imperios empresariales expropiando a la mayoría de la población con su dominio sobre unos recursos que deberían estar destinados a cubrir esta necesidad básica. Esta nacionalización se realizaría por el procedimiento de expropiación, reservando la indemnización únicamente para los casos de pequeños inversores que pudiesen quedar en una situación de comprobada necesidad.

 Es necesario, además, la incorporación del suelo de su propiedad y su parque de viviendas en construcción, o aún no vendidas, al patrimonio de las empresas municipales de vivienda que deberían constituirse en todos los municipios del Estado español. Se nacionalizarán también los solares de grandes propietarios que los reservan para la especulación, poniéndolos también a disposición de los Ayuntamientos para la satisfacción de las necesidades sociales, como pueden ser la construcción de polideportivos, centros de salud, colegios, etc.

 Las empresas constructoras expropiadas serán la base para constituir una gran empresa pública de la construcción, que ponga sus capacidades y recursos a disposición de los ayuntamientos, que contarán con empresas municipales de la vivienda para la satisfacción de las necesidades de la población en materia de vivienda, equipamiento e infraestructuras, atendiendo a unos estándares adecuados de calidad de la construcción y respeto del medio ambiente. Por supuesto, esta gran empresa pública colocará la seguridad laboral como una de sus máximas prioridades y acabará definitivamente con las lacras de precariedad, subcontratación y todos los tipos de irregularidades que hoy caracterizan al sector de la construcción. Para cumplir esos objetivos el órgano de dirección de esta empresa contará con un tercio de representantes del Estado, un tercio de representantes de los sindicatos de clase y un tercio de representantes elegidos directamente por los trabajadores de su plantilla. Por su parte, las nuevas empresas constructoras municipales de la vivienda nacerán con el objetivo de facilitar a jóvenes y trabajadores una vivienda pública en alquiler asequible, esto es, cuyo coste no supere el 10% del salario promedio de un trabajador. Para garantizar que la gestión de estas empresas es eficaz y transparente, la dirección de estas empresas públicas debe estar formada por un tercio de representantes del Ayuntamiento, un tercio de representantes de las organizaciones sindicales de clase, y un tercio de representantes de las asociaciones de vecinos del municipio.

 La segunda medida que proponemos es devolver a los trabajadores la capacidad de participar plenamente en el desarrollo de los planes urbanísticos y en la planificación del uso del suelo y la construcción de viviendas y equipamiento. De forma permanente, a través de los sindicatos, asociaciones vecinales y asambleas de vecinos, los recursos destinados al urbanismo se invertirán de acuerdo con las prioridades sociales. A través de esta estructura de control y planificación, será necesario abordar un plan estatal de construcción de nuevas viviendas acorde con las necesidades reales de la población en cada municipio. Es cierto que se ha construido mucho, pero se ha hecho de forma totalmente anárquica; habrá zonas donde efectivamente la prioridad inmediata no sea construir sino dar un uso racional a lo ya edificado; en otros lugares este podría no ser el caso haciéndose imprescindible abordar un plan de construcción de vivienda pública.

 Como tercera medida, proponemos que las empresas municipales de vivienda se ocupen inmediatamente de poner en alquiler las viviendas que se mantienen vacías sin justificación, y lo hagan en las mismas condiciones en las que se alquilarán las viviendas que forman parte del parque de viviendas propio de la empresa municipal. Todos aquellos propietarios que se nieguen a hacerlo serán expropiados sin indemnización.

 Por último, para garantizar que estos planes no son asfixiados financieramente por la gran banca y que los planes de vivienda y equipamiento reciben los fondos necesarios para su desarrollo, es imprescindible la nacionalización de la banca bajo control de los trabajadores en las mismas condiciones que las empresas constructoras (con indemnización sólo en caso de necesidad comprobada). Hay que poner fin al desenfreno especulativo de la banca. El dinero con el que especulan y con el que generan sus espectaculares beneficios no es suyo, sino que proviene de nuestra plusvalía extraída en las empresas que controlan directamente, de las hipotecas y préstamos que firmamos y que no son más que una forma moderna de usura despiadada, de nuestras nóminas, nuestros pequeños ahorros y las pequeñas cantidades que dejamos depositadas para ir pagando los recibos a lo largo del mes. Nos chupan la sangre con nuestro propio dinero, pero los trabajadores tenemos un destino mejor para los frutos de nuestro trabajo. Ya está bien de mantener y engordar a parásitos. La nacionalización de la banca y el sistema financiero permitirá una eficiente movilización de recursos económicos para ponerlos al servicio de la satisfacción de las necesidades sociales.

 Al mismo tiempo, la nacionalización de la banca es imprescindible para salvar de la asfixia financiera a todas las familias y jóvenes que han suscrito un crédito hipotecario en los últimos años. Sin nacionalización, la banca se lanzaría a recomponer sus beneficios perdidos a costa de las cuotas hipotecarias. Sólo la nacionalización permitirá rebajar sustancialmente la presión hipotecaria hasta un punto compatible con unas condiciones de vida dignas._[3]

La lucha cotidiana por una vivienda digna

 Como creemos haber demostrado a lo largo de estas páginas, todas las medidas aplicadas hasta ahora, circunscritas a los estrechos márgenes que permite la lógica del sistema capitalista, han conducido al más rotundo de los fracasos. Es hora pues de reivindicar medidas que, abordando el problema desde su raíz, sirvan realmente para solucionarlo.

 Por un lado hay multitud de necesidades sociales por satisfacer: se necesita construir hospitales, ambulatorios de atención primaria, infraestructuras de todo tipo (comunicaciones, sistemas de canalización, equipamientos culturales y de ocio), colegios, institutos, universidades, en definitiva, garantizar a la población el acceso a la vivienda, educación y sanidad. También son necesarias pensiones dignas para nuestros mayores; unas condiciones de trabajo que acaben con la precariedad y con el escandaloso número de accidentes laborales que se producen diariamente; salarios que nos permitan llegar a fin de mes y jornadas laborales de 35 horas semanales. Sólo de esta manera el trabajador podrá tener el tiempo suficiente, al margen de la jornada laboral, para dedicarse a su familia y a su desarrollo como ser humano._[4]

 Los recursos para acometer todas estas medidas en beneficio de la mayoría de la población existen. Nunca como ahora, el hombre ha desarrollado las fuerzas productivas capaces de generar la suficiente riqueza para garantizar unas condiciones de vida dignas a toda la humanidad. El problema no es que éstos medios no existan, sino que estos se encuentran en manos de una minoría de la sociedad, los capitalistas, y son utilizados no para la satisfacción de las necesidades sociales, sino para que ese pequeño grupo obtenga beneficios multimillonarios.

 La propiedad privada de los medios de producción es incompatible, como sufrimos cotidianamente, con el avance de la sociedad, por lo que conseguir que estos medios pasen a manos de la mayoría de la población se convierte en el objetivo central de nuestra lucha. Así, sobre la base del control democrático por parte de los trabajadores de estos recursos, expropiando a la minoría de capitalistas que deciden cuándo, dónde y cómo se utilizan los mismos, podremos alcanzar plenamente unas condiciones de vida dignas para toda la población. Y esto sólo será posible en el marco de una sociedad socialista, derrocando este sistema basado en la explotación capitalista y el saqueo imperialista del mundo

 En la tarea de aglutinar las fuerzas necesarias par transformar la sociedad, la lucha cotidiana por una vivienda digna se ha convertido en un elemento muy importante. La experiencia histórica demuestra, en primer lugar que, con la movilización, se pueden arrancar concesiones parciales que sirvan para conseguir, al menos temporalmente, unas condiciones de vida civilizadas. La lucha por una vivienda digna, no es una excepción en este sentido. En la Europa de la posguerra el movimiento obrero obligó al Estado capitalista en algunos países a realizar grandes planes de vivienda municipal, digna y de calidad y accesible a las familias obreras a precios razonables; contando además con la participación activa en la gestión y planificación de estos proyectos de los sindicatos obreros. Un ejemplo de lo que decimos ocurrió en Viena la capital de Austria.

 Según datos reseñados en un artículo del diario El País el 28 de febrero de 2007, en Viena casi el 60% de la población, de un total de 1,7 millones de habitantes, vive en pisos que pertenecen al ayuntamiento. Los alquileres no son altos: en estas viviendas sociales, los vieneses pagan 3,35 euros de alquiler por metro cuadrado, es decir, que un piso de 70 metros cuadrados cuesta 250 euros. Las leyes municipales brindan una fuerte protección al inquilino, que prácticamente no puede ser desalojado, de forma que, como reconoce el artículo de El País, “la mayoría no necesita tener un hogar en propiedad” aunque pueden traspasar el alquiler en herencia a sus hijos. En Viena existe medio millón de viviendas sociales que ayudan a mantener bajos los precios en el mercado privado. Desde 2001 también tienen derecho a residir en estos edificios inmigrantes no nacionalizados, que lleven más de cinco años residiendo en la capital austriaca.

 ¿De dónde surge este modelo de vivienda? El alcalde Mickäel Häupi lo señala en el artículo mencionado: “la política social de vivienda en Austria data de principios del siglo XX, cuando el Partido Socialista Austriaco accedió al poder con una amplia campaña de nacionalizaciones que comprendían el transporte, la sanidad, la educación y también la vivienda”. En definitiva: “como hoy hace el venezolano Chávez”, comentó el alcalde. Más claro el agua. Viena dedica 500 millones de euros al año a la vivienda y un joven de la capital consigue su propio apartamento a los veinte años.

 La lucha de los trabajadores por el establecimiento de una red de vivienda pública en alquiler accesible a la mayoría de la población, es la única manera de solucionar el problema. Y todo depende de la correlación de fuerzas y de la extensión que el movimiento en defensa de la vivienda digna pueda alcanzar, como se puso de manifiesto en el Estado español durante las luchas de la transición.

En Madrid a mediados de los años setenta y principios de los ochenta del siglo pasado, un gran movimiento vecinal logró transformar barrios de chabolas, extraordinariamente deprimidos y sin apenas equipamientos básicos, en lugares decentes con viviendas dignas para sus habitantes. Una lucha que tuvo como resultado una remodelación urbana que afectó a treinta barrios donde se construyeron 39.000 viviendas para alojar a una población de alrededor de 150.0000 personas y con una inversión realizada por la administración que alcanzó los 310.000 millones de las antiguas pesetas. En este plan fruto de la movilización, la administración tuvo que aceptar el liderazgo de las Asociaciones de Vecinos.

Las nuevas viviendas se construyeron modelando la ciudad de Madrid: barrios enteros como Palomeras y Pozo del Tío Raimundo en el distrito de Vallecas o la zona de Orcasitas en Villaverde y Usera cambiaron radicalmente su imagen urbana.

El proceso de la remodelación de estos barrios se puso en marcha a partir de la contestación que provocó en la población afectada los planes previstos de renovación-expulsión de la población residente. Suelos de las áreas periféricas se convirtieron, al integrarse definitivamente en la ciudad, en lugares codiciados levantando importantes expectativas inmobiliarias de carácter especulativo. El desplazamiento de los residentes hacia zonas más alejadas era la consecuencia de este tipo de planteamientos. Como reacción, las asociaciones de vecinos madrileñas pusieron en marcha un poderoso movimiento por la vivienda que dio pie, a su vez, a un creciente grado de autoorganización vecinal.

En el informe que sobre aquellos acontecimientos hicieron algunos de sus protagonistas,_[5] se retrata gráficamente como fue la dinámica de aquella lucha: “Las Asociaciones de Vecinos, que habían ido surgiendo al calor de los trabajos de mejora del barrio, aumentaron su implantación. Surgieron líderes naturales cuyo papel fue clave en el proceso. Por otra parte, las organizaciones de izquierda contemplan este frente como una poderosa palanca en la lucha política contra la dictadura: el problema del barrio y el de la fábrica se dan la mano en una espiral reivindicativa que estallará con una fuerza inusitada. La vivienda, el barrio mismo, es el motor del proceso. Vivienda digna, aquí y ahora. Un rosario de manifestaciones, concentraciones, encierros va poco a poco echando por tierra, uno tras otro, los planteamientos oficiales e imponiendo el modelo que demandan los vecinos. Se consolida el concepto de deuda social: Madrid tenía una cuenta pendiente con quienes han ayudado a construirlo debiendo acampar en su misma linde. Ellos han colonizado una periferia que ya es suya, y han decidido que nadie les va a echar de su sitio”.

La administración proveyó los fondos dedicados a la expropiación de suelo, la construcción y financiación de las nuevas viviendas, las infraestructuras, los equipamientos....en constante contacto con las asociaciones de vecinos que no dejaron de supervisar todo el plan en cada una de las fases. El informe citado anteriormente lo explica perfectamente: “OREVASA, la sociedad pública creada para la gestión del núcleo más importante de toda la remodelación, Palomeras, fue una muestra de este método de trabajo. Creada en 1977 en su Consejo de Administración participaban por igual representantes de la Administración y de la Coordinadora Vecinal que agrupa a 11 asociaciones de vecinos. El tamaño y complejidad de la operación exigía una fuerte intervención de la Administración en materia de expropiación de suelo, promoción de las nuevas viviendas y adjudicación de éstas. Inicialmente este papel lo asume el Ministerio de Obras Públicas para posteriormente, a partir de 1983 con la creación de la Comunidad de Madrid pasar a hacerlo el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA).

“Imputando todos los costes —adquisición de suelo, costes de urbanización, equipamiento y dotaciones así como la construcción y financiación de las viviendas— el montante total alcanzó los 310.000 millones de pesetas actualizadas a 1995 (…) Un objetivo enunciado explícitamente era que el precio a pagar por la nueva vivienda nunca superara el 10 por 100 de los ingresos familiares. Para alcanzar este objetivo se concedieron préstamos por el 20 por 100 del valor de la vivienda a un 5 por 100 de interés anual durante un período de amortización que oscilaba entre los 35 y 50 años. De igual forma se otorgaba un anticipo sin interés por el 75 por 100 de la vivienda. De esta forma el vecino tan sólo desembolsaba un 5 por 100. Los propietarios de chabolas podían aportar el suelo, disminuyendo el coste hasta un 15 por 100 del precio final. Las mensualidades a pagar oscilaban entre las 2.500 y 5.000 pesetas en plazos no menores a los 35 años”.

 El ejemplo de esta lucha histórica es un modelo para el movimiento en defensa de la vivienda digna que hoy en día vuelve a cobrar protagonismo. Por lo tanto, la lucha cotidiana en cada barrio o ciudad sí sirve y es necesario organizarla en cada municipio. Hay que partir en cada uno de ellos de las necesidades reales existentes y exigir al Ayuntamiento, al Gobierno Autonómico y al Gobierno Central que suministre los recursos necesarios para que cada municipio cuente con una flota de viviendas suficiente para que cualquier vecino que lo solicite pueda acceder a una de ellas en régimen de alquiler a un precio en el que la cuota mensual no supere el 10% de su salario.

 Muchos dirán que este modelo que los marxistas proponemos no es realista, es una utopía inalcanzable. Muy bien. Esa es la opinión que la burguesía y sus medios de comunicación tratan de presentar, un día sí y otro también, con el objetivo de que nos resignemos y aceptemos el actual estado de cosas. Pero lo verdaderamente utópico e irrealista es pensar que, respetando la lógica del mercado capitalista, vamos a convencer a los banqueros y a los propietarios de las grandes empresas constructoras de que construyan viviendas sociales dignas y accesibles para los trabajadores. ¡Eso sí que es un cuento para niños!

 Nuestra obligación no es presentar ideas que son patrañas o planteamientos que se basan en la “bondad” de los empresarios para hacer el bien. Nuestra obligación es decir la verdad, aunque ésta sea así de cruda, de manera que nos preparemos en las mejores condiciones para conseguir lo que queremos. Si los sindicatos de clase y los partidos de la izquierda, si UGT, CCOO, el PSOE, IU y las asociaciones de vecinos organizaran seriamente una respuesta contundente con este programa, y se enfrentaran decididamente a los grandes poderes económicos que controlan el mercado inmobiliario, tendrían el apoyo masivo de la población. El problema no reside en la disposición de la gente, y especialmente de los jóvenes, a la lucha. Las grandes movilizaciones por la vivienda que se han registrado en numerosas ciudades del Estado así lo demuestran. El problema está en que las organizaciones que tiene la responsabilidad de encabezar esta pelea no lo están haciendo y por eso hay que obligarlas a que lo hagan y a que defiendan un programa consecuente. Basta ya de que la izquierda llegue a los ayuntamientos, a los gobiernos autonómicos, o al gobierno central para realizar la misma política que la derecha. ¡Hace falta un cambio de rumbo drástico! ¡Hace falta poner los problemas de la mayoría como el objetivo prioritario de la acción política cotidiana y basarse en la movilización de esa mayoría para resolverlos!

 Hoy el estado del bienestar alcanzado en los países europeos está siendo atacado y desmantelado confirmando que las conquistas que parecían más sólidamente afianzadas están siendo destruidas. En el combate cotidiano por una vivienda digna, por un empleo estable, por una educación y una sanidad universales, no se puede perder la perspectiva de la necesidad ineludible de luchar por el socialismo, por que seamos los trabajadores quienes controlemos la riqueza y los medios para generarla y, a través de la planificación democrática, la pongamos al servicio del desarrollo de la humanidad.

Evidentemente existe una alternativa a la barbarie del capitalismo: la nacionalización de las grandes empresas, los monopolios y la banca, bajo control democrático de los trabajadores, como primer paso para la puesta en marcha de una economía planificada y racional, orientada a satisfacer las necesidades sociales y no a una minoría privilegiada. De esta manera todas las lacras del sistema, incluido el problema de la vivienda, se convertirían en un mal recuerdo del pasado. Pero para lograrlo es necesario construir una organización marxista revolucionaria con un apoyo masivo entre la clase obrera y la juventud. Esta es el programa por el que luchamos los marxistas de El Militante y la Corriente Marxista Internacional. ¡Únete a nosotros para conseguirlo!

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